La CUP abronca al Govern por el bloqueo del banco público catalán

La hoja de ruta independentista de Junts pel Sí y la CUP contempla la creación de una banca pública catalana, previa reconversión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad financiera dependiente de la Generalitat cuya finalidad es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña. En 2015, el Parlamento catalán convalidó un decreto ley del Govern que adaptaba el ICF a los requisitos para convertirse en un banco público.

Sin embargo, poco o nada se ha hecho desde entonces, según los antisistema, pues a día de hoy, el ICF “sigue sin tener una ficha bancaria”. Por ello, los cupaires han sacado todo el arsenal reivindicativo para acusar a la Generalitat de no haber hecho nada en estos dos años. Así lo hacen constar en una batería de preguntas parlamentarias dirigida al Ejecutivo catalán.

La CUP quiere saber, qué trámites se hicieron en 2014 y 2015 para pedir la ficha bancaria, por qué no fue posible obtener esa acreditación en 2015 y si la petición de esa ficha responde a una decisión de los órganos de dirección del ICF.

Los antisistema no quieren pedir permiso

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Economía explican a Crónica Global que es necesario esperar a que la UE apruebe la nueva normativa europea sobre los requisitos de la banca pública. Sin embargo, también es necesario solicitar un informe al Banco de España y, después, pedir autorización al Banco Central Europeo. Una postura que contrasta con el ideario de la CUP, contraria a pedir permiso a las instituciones españolas y soltar lastre de la UE y de la troika.

Todo ello sitúa la puesta en marcha del banco público catalán en 2018. No obstante, el Gobierno catalán precisa que el ICF ya opera como un banco. Entre los posibles nombres de la futura entidad figura Banco Público de Inversiones de Cataluña y Banco Catalán de Inversiones.

Pese a las quejas de la CUP, el departamento de Economía, cuyo titular es el republicano Oriol Junqueras, ha llevado a cabo iniciativas para crear el banco. El año pasado adjudicó a Deloitte Asesores Tributarios SL un contrato de asesoramiento fiscal del ICF por valor de 150.000 euros, que incluye la “asistencia en el análisis y gestión de las implicaciones fiscales, fruto del proceso de bancarización, incluyendo benchmarking (búsqueda de las mejores prácticas de calidad) con el sector”.

En 2016, el Grupo ICF financió 1.441 empresas por un importe de 570,3 millones de euros, a través de 2.169 operaciones de préstamo y/o aval. El 97% de las empresas financiadas fueron pymes y emprendedores. La entidad financiera financió un mayor número de empresas (+2%) respecto del año anterior, aunque el importe de los préstamos y avales fue inferior (-18%) debido a la reactivación del crédito privado por la remisión de la crisis y la mayor liquidez por parte de la banca comercial, gracias a la política expansiva del BCE.