Lo prometió la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, a principios de este año: los catalanes que residen en el exterior podrán participar en el referéndum mediante voto electrónico. Pero no será así. Pese a los esfuerzos por crear un registro --¿censo?-- mediante una ley de la comunidad catalana en el exterior, caladero de votos del independentismo, lo cierto es que esa iniciativa no podrá llevarse a cabo.

El proyecto de ley de procedimiento de votación electrónica para los catalanes residentes en el extranjero --casi 300.000-- no podrá ser aprobada en el Parlamento porque se necesita una mayoría cualificada, es decir, el apoyo de 90 diputados, pero solo tiene garantizados 71 --Junts pel Sí y la CUP--. Técnicamente, se trata de una legislación que, tal como se determinó en la Mesa del Parlament, desarrolla la ley electoral, por lo que requiere de una mayoría de dos tercios.

Es precisamente esta ley, que ya nació con mal pie por los problemas de seguridad que conlleva este sistema, uno de los dos requisitos que puso Borràs para aplicarlo. El segundo es que el voto electrónico o vía internet se incluya en el decreto de convocatoria del referéndum previsto para el 1 de octubre. Se sabe la fecha y la pregunta, pero aún no se ha firmado el decreto, dado que la ley de transitoriedad --conocida como de desconexión-- que regula el referéndum tampoco ha sido aprobada.

Todo son carencias

Las formaciones independentistas quieren hacerlo por la vía de urgencia, sin debate parlamentario, para reducir la posibilidad de reacción de las instituciones del Estado que, de todas formas, la impugnarán. Así, a la nebulosa jurídica que rodea el referéndum --sin censo, ni junta electoral, sin voluntarios suficientes para alcanzar las 100.000 personas que son necesarias para organizar el referéndum-- se une ahora un nuevo fiasco, el del voto electrónico.

Fuentes parlamentarias han explicado que, desde el principio de la tramitación de la ley, los expertos pusieron de manifiesto las dificultades que tiene este sistema, muy vulnerable a los ciberataques y al que han renunciado países como Holanda, Francia, Alemania y España.

Cuestión económica

Existe, asimismo, un trasfondo económico, pues blindar el voto informático requiere de una fuerte inversión. La partida presupuestaria destinada al referéndum y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por PP, Ciudadanos y PSC, incluía también en seguimiento y control del voto electrónico. "Existe la sospecha de que los mismos hackers que amenazan las redes ofrecen luego sus servicios para blindarlas", explican las citadas fuentes.

El Govern tiene reconocidas unas 140 comunidades catalanas en el exterior y, según las últimas cifras de Idescat --el INE catalán--, actualmente hay 284.374 catalanes que residen en el extranjero. El año pasado, el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, con motivo del Día Internacional de la Cataluña Exterior, aseguró a este colectivo: "Sois el mejor activo para explicar qué es Cataluña, quiénes somos los catalanes, de dónde venimos y a dónde queremos ir", dijo.

Conocidos también como casals, estas entidades pueden acogerse a las subvenciones que periódicamente concede la Generalitat para financiar proyectos relacionados con el fomento de la lengua y la cultura catalanes. El año pasado, el Gobierno catalán destinó un millón de euros a las comunidades catalanas en el exterior.