Solemnidad, pero no oficialidad. El anuncio de la fecha y pregunta del referéndum de independencia no ha ido acompañado del correspondiente decreto. Y es lógico, ya que todavía no existe la ley que regula esa consulta ilegal, prevista para el 1 de octubre y que tendrá el siguiente enunciado: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”.

La formulación, a diferencia de la consulta ilegal que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014, es mucho más sencilla, pues propicia una respuesta binaria. Pero las lecciones aprendidas de aquel 9N se limitan a esa simplificación. Y es que, a tres meses de la supuesta celebración del referéndum —verano mediante—, nadie sabe todavía cómo se regulará esa votación.

Mientras que el 9N llegó precedido de una ley de consultas catalana, posteriormente impugnada por el Tribunal Constitucional, nada se sabe de la ley de transitoriedad (de desconexión) que supuestamente debe servir de marco jurídico de la votación del 1-O. Esta legislación, como se sabe, permanece oculta al debate parlamentario. Y es probable que, al final, se saque de la misma el apartado que regula el referéndum.

Un paso atrás

La falta de rigor jurídico de este proceso ha sido denunciada por varios juristas, tal como ayer publicó Crónica Global. La aprobación de esa ley de desconexión viene precedida de una reforma del reglamento del Parlamento catalán con la finalidad de tramitarla por la vía de urgencia, es decir, sin debate ni enmiendas. El PSC, que ha pedido dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, ha paralizado el proceso.

A diferencia de la consulta ilegal del 9N, que venía contemplada en la hoja de ruta pactada entre CiU y ERC en la última legislatura presidida por Artur Mas, el referéndum no estaba previsto en el procés. Ni en el programa electoral de Junts pel Sí (coalición formada por el PDeCAT y ERC), ya que se daba por hecho que la mayoría independentista salida de las urnas el 27 de septiembre de 2015 ya había dado un mandato consistente en declarar la independencia.

Dicho de otra manera, la convocatoria del referéndum supone un paso atrás, un retroceso en las pantallas del procés que la CUP aceptó a regañadientes y con la finalidad de no quedar como los malos de la película si dejaban caer al Gobierno de Carles Puigdemont. Pero una vez señalado el referéndum, los antisistema redoblan la presión: hacia los comunes, que se desmarcan de la unilateralidad, y con llamamientos a la desobediencia civil. Y recuerdan al dirigente de PDeCAT que prometió aplicar los resultados de esa votación.

Negociar en el Congreso

Convocar el 9N estuvo precedido de la presencia de dirigentes soberanistas en el Congreso para pedir la transferencia de las competencias para impulsar un referéndum. En esta ocasión, Puigdemont se ha negado a acudir a las Cortes para no sufrir un nuevo revolcón, dice, mientras el Gobierno le acusa de renunciar al diálogo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, asimismo, tiene una actitud distinta en esta ocasión. La firmeza actual dista de las posturas dubitativas en el 9N, pues en un primer momento, el Gobierno español restó importancia a esa consulta ilegal, que finalmente recurrió ante el TC. Sin embargo, la votación se celebró finalmente y no se produjo la imagen de mossos d’esquadra retirando urnas. Nadie sabe con certeza qué pasará el 1-O. Habrá choque de trenes, pero al parecer menos traumático de lo que algunos sectores secesionistas auguran públicamente.

También las mayorías políticas han cambiado respecto al 9N. En aquella ocasión, Artur Mas contaba con el apoyo de CDC, UDC, la CUP y de ICV. Incluso el PSC llegó a coquetear con el derecho a decidir. El referéndum del 1-O, que ya solo puede ser unilateral, cuenta con el apoyo del PDeCAT (la antigua CDC), ERC y la CUP. Los ecosocialistas están inmersos ahora en los comunes, que rechazan esa vía no pactada, mientras que los socialistas se han desmarcado rotundamente. El PP y Ciudadanos mantienen sus posiciones de siempre, contrarias al referéndum.