Dicho y hecho. Tras la comparecencia parlamentaria del exconsejero de Justicia Germà Gordó para dar explicaciones sobre la trama del 3%, la CUP ha presentado una querella en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell contra los principales responsables de la supuesta trama política y empresarial responsable de la financiación irregular de CDC. La diputada Anna Gabriel lo había anunciado en la comisión celebrada en el Parlamento catalán.
La querella, en la que la CUP pide comparecer como acusación popular, está dirigida contra el extesorero de Convergència, Andreu Viloca; el exdirector de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y contra los empresarios Jordi Sumarroca, Josep Manel Bassols, Félix Pasquina y Francesc Xavier Tauler, entre otros. Los antisistema les hace responsables de los delitos de financiación irregular de partidos políticos, organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Reunión entre Viloca y los empresarios
Según consta en el escrito presentado, basado en los diferentes informes presentados por la Guardia Civil, “existen indicios del presunto pago de comisiones a fundaciones de la órbita de la organización política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), quien a través de su tesorero, el querellado Sr. Andreu Viloca, se reunía con empresarios que pretendían la adjudicación de obras públicas”.
Añade que “los empresarios que se reunían con el querellado Sr. Viloca para conseguir la adjudicación correspondiente --que en todo momento actuaba en representación de CDC y funciones de su órbita como "Catdem"-- efectuaban con carácter previo una donación a las fundaciones de la referida organización política, siendo así que poco después conseguían las adjudicaciones pretendidas”. A fecha de hoy, indica la querella, “figuran en la investigación una minuciosa relación de datos referentes a este modus operandi en el que se puede constatar cuando se producía el anuncio de la licitación, la fecha e incluso la hora en que el querellado Sr. Viloca se reunía con los empresarios, así como cuando se producían los pagos de las donaciones y se publicaban las adjudicaciones”.
Esta práctica, “se extendió no sólo el ámbito autonómico sino también al ámbito municipal, y concretamente en ayuntamientos como el de Olot, Sant Celoni y Girona”, donde la CUP tiene representación municipal.