El Govern ha advertido a los responsables de sus departamentos que los abogados que tramitan sus asuntos no pueden hacer uso del castellano en ningún caso y tienen la obligación de impulsar los procedimientos solo en catalán.

En una carta, la jefa de servicios jurídicos de la Generalitat, Margarida Gil, avisa de que ha tenido conocimiento que "en determinados pleitos que afectan a entidades del sector público de la Generalitat, la representación y defensa se realiza en lengua castellana".

Gil recuerda que una ley de 2013 obliga a los letrados a emplear el catalán y advierte de que esa obligación es "un requisito de contratación" de los abogados externos que, puntualmente, colaboran con la Generalitat.

A todos los departamentos

Como recoge El País, la carta está dirigida al secretario general de Salud, Albert Serra. Este mismo medio asegura que, por su contenido, también ha sido dirigida al resto de departamentos.

La jefa de los servicios jurídicos recuerda que, el 7 de mayo de 2013, el Gobierno catalán aprobó un acuerdo por el que los abogados de la Generalitat no solo deben emplear el catalán en los pleitos en los que se ve involucrada la administración pública, sino que han de solicitar a los jueces que "la tramitación del procedimiento se realice en lengua catalana".

"No se cumple en determinados pleitos"

Gil asegura que esta orden “no se está cumpliendo en determinados pleitos que afectan al sector público de la Generalitat y su defensa se realiza en lengua castellana”.

Esas anomalías se producen principalmente, agrega la carta, en "organismos autónomos, entidades de derecho público y empresas públicas de la Generalitat". Y afectan tanto a los servicios jurídicos de esas entidades, como a los abogados externos que, "en casos puntuales", son contratados por la administración.

La misiva pide "a todos los secretarios generales" que recuerden sus obligaciones a los responsables de las entidades para que los abogados "utilicen el catalán en todas las actuaciones judiciales que lleven a cabo en Cataluña".

El mandato también afecta a los abogados externos. El cumplimiento de esas obligaciones lingüísticas es "un requisito" para que sean contratados.