La Agència Tributària de Catalunya (ATC), concebida por el Gobierno independentista de Carles Puigdemont como una “estructura de Estado”, afronta la implantación de los nuevos impuestos catalanes con una plantilla insuficiente, dudas legales y escaso impacto recaudatorio. Lo dicen los expertos fiscales tras la aprobación de un paquete de figuras impositivas, pactadas entre Junts pel Sí y la CUP.

Para la ATC, el mayor sobreesfuerzo consistirá en la aplicación del impuesto sobre activos no productivos de las empresas, que exige revisar caso por caso los bienes “de lujo” -- inmuebles, yates, aviones, obras de arte o coches de gama alta--  que están a nombre de personas jurídicas, pero que no se usan para actividades económicas, sino con fines particulares.

Los expertos que comparecieron en el Parlamento catalán durante la tramitación del nuevo impuesto cuestionaron la legalidad de este nuevo gravamen, pues implica una doble imposición. Asimismo, advirtieron de que es muy difícil de gestionar y los ingresos que puede proporcionar no compensan esa sobrecarga de trabajo. El director de Economía de la patronal Foment del Treball, Salvador Guillermo, avisó de que reducir la evasión fiscal pasa por una mejor labor de inspección, no por la creación de nuevos impuestos. Recientemente, esta patronal expresó su rechazo a la creación de nuevos gravámenes pues, según dijo, ya son 15 los impuestos propios de Cataluña, cifra que supera “con creces” a la media de las comunidades autónomas.

"Impuestos populistas"

La profesora de Derecho Financiero y Tributario de ESADE, Diana Ferrer, redundó en la escasa recaudación que proporcionará a las arcas de la Generalitat, tesis que apoyo el profesor agregado de Economía Política de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Duran.

“La gran mayoría de impuestos creados por el Govern son populistas, de escaso impacto recaudatorio y de difícil implementación real”, explica a Crónica Global el profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), Esaú Alarcón. Añade que estos gravámenes “necesitan de un gran número de funcionarios revisando para recaudar cuatro euros”.

Polémico gravamen en bebidas azucaradas

En el paquete de nuevos impuestos figura el de las bebidas azucaradas (conocido como el de la Coca-cola), que entró en vigor el 1 de mayo. Se trata de un tipo impositivo muy polémico que ha puesto en pie de guerra al sector. Miembros de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) llegó a amagar con reducir sus inversiones en Cataluña durante una reunión mantenida con la diputada del PSC Alícia Romero, quien critica la escasa recaudación prevista, unos 40 millones al año, frente a los 600 millones de euros que proporcionaría una reforma fiscal global” consistente en elevar el tramo autonómico del IRPF, la eliminación del mínimo exento del impuesto de patrimonio o la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Sin embargo, los equilibrios entre PDECat y ERC impidieron abordar esa reforma total, a pesar de la presión de la CUP, que finalmente se conformó con un paquete de impuestos nuevos que incluyen el que grava las nucleares (62 millones a partir de 2018), grandes superficies (17,8 millones) y vehículos contaminantes (75 millones).

Ingresos de 180 millones

En conjunto, la Generalitat pretende ingresar unos 180 millones más con estas nuevas figuras impositivas que ponen en entredicho la capacidad de la hacienda catalana para gestionarlos.

Como se sabe, el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, pretende pasar de los 350 trabajadores que tenía a principios de año a 800 antes de que finalice 2017. Pero el ritmo de fichajes no respalda esos planes. Los concursos para cubrir puestos de inspección o de gestión convocados por la ATC desde 2014, o bien quedan desiertos o no cubren las todas las plazas. Fuentes internas de la hacienda catalana aseguran que en los últimos días se han producido numerosas incorporaciones y que la idea es contar con un total de 40 inspectores y 100 gestores. Pero el grueso de los fichajes corresponde a personal interino. “Es claramente insuficiente, aunque lo más grave es la ausencia de contenido de los planes de inspección y de know how del staff que los dirige”, señala Alarcón.

El conflicto con los registradores

Así, mientras se resuelve el contencioso con los Registradores de la Propiedad, con los que la Generalitat ha roto su convenio dejando en el aire a 260 trabajadores de las Oficinas Liquidadoras –los Registradores dependen del Ministerio de Justicia y ayudaban a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a liquidar los principales impuestos cedidos, es decir Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones--, la ATC está formando a cuatro nuevos inspectores y 33 técnicos, y ha contratado a una veintena de interinos. La mayor parte de las nuevas incorporaciones se prevé para finales de año, cuando se convoque un concurso para 40 plazas de gestor y 24 de inspector.

En resumen, la nueva hacienda catalana, llamada a ejercer la independencia fiscal y gestionar todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, crece muy lentamente.