La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha garantizado a los funcionarios catalanes que velará por su seguridad ante las amenazas vertidas por el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, quien ha asegurado que los empleados públicos que incumplan las futuras leyes de la Cataluña independiente serán sancionados

CSIF "se opondrá con toda la firmeza del Estado de derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión", han asegurado en un comunicado, en el que han lanzado un mensaje de tranquilidad frente a las reflexiones del cantante, que ha calificado de "bravuconada".

Llueve sobre mojado

El sindicato ha pedido explicaciones a JxS porque "no es la primera vez que Llach hace declaraciones de este tipo. Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y que crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general”. 

A lo largo de los próximos días, CSIF intensificará la interlocución en diferentes ámbitos y en breve se reunirán con el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para analizar la situación. 

Preocupación de los empleados públicos

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se reunió el pasado mes de marzo con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, así como con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para abordar la preocupación del colectivo de empleados públicos catalanes ante el proceso soberanista. 

El sindicato recuerda, tal como informó Crónica Global, de la puesta en marcha de un protocolo de defensa, dirigido al funcionariado catalán, "para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores". 

Protocolo de actuación

El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Asimismo, CESIF reforzará sus servicios jurídicos y pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas. En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario de no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en un delito penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la policía, fiscalía u órganos judiciales.