De la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a la independencia fiscal. Ese es el objetivo del Gobierno catalán. Pero esa transición está siendo muy criticada por los trabajadores de esas oficinas tributarias. La semana pasada, responsables de la ATC se reunieron con representantes de los empleados públicos para explicarles el tránsito hacia una nueva hacienda catalana, concebida como una estructura de Estado. La idea es dotarse de una red con capacidad para gestionar todos los impuestos que se recauden en Cataluña --un potente programa llamado e-SPRIU sustituirá a G@udí-- para así estar preparados para una eventual independencia. Sin embargo, esos objetivos ambiciosos chocan con la improvisación y la falta de medios materiales y humanos, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La Consejería de Economía, dirigida por el republicano Oriol Junqueras, ha anunciado que prescindirá de las 53 oficinas liquidadoras repartidas por todo el territorio, dependientes de los Registradores de la Propiedad, y asumirá directamente esa labor a través de sus servicios centrales en la Zona Franca de Barcelona y otras 15 nuevas dependencias. Sin embargo, ese nuevo diseño logístico deja al descubierto amplias zonas del territorio catalán y no aclara el tipo de formación que deben tener.
Pruebas tipo test
La finalización del contrato que, desde hace casi 40 años, mantenía la ATC con los registradores ha dejado en la calle a muchos empleados, que ahora se ven obligados a opositar si quieren subirse al carro de la independencia fiscal, aunque no tendrán acceso a las plazas de jefe de delegación. Se convocarán unas 300 plazas, que serán ofertadas a partir del 13 de marzo. Sin embargo, la plataforma sindical CSIF ha expresado su sorpresa ante los requisitos exigidos a quienes ya trabajaban en esas oficinas liquidadoras que se quieran incorporar a la ATC.
Se realizará una prueba teórico-práctica tipo test de 50 preguntas, muy asequibles, según la Generalitat, pero que “choca con lo que se nos había dicho hasta ahora, pues siempre se había hablado de una pequeña prueba eminentemente práctica”. La idea es que, a finales de junio, hayan finalizado todos los procesos de selección para empezar a trabajar para la ATC el 15 de julio. Desde esta fecha, según explica CSIF, hasta el 1 de septiembre, en que entrarán en funcionamiento las nuevas oficinas, “la labor de personas será únicamente formarse desde casa de manera online, con alguna posible formación presencial”.
Trabajadores de la zona de Lleida, prácticamente sin cobertura, se han puesto en contacto con Crónica Global para denunciar esa desprotección, pues Balaguer, Les Borges Blanques y el Registro Mercantil ya no tendrán oficina. Hasta ahora prestaban servicio en las comarcas de Lleida 19 personas en nueve oficinas liquidadoras (8 en la provincia más el Registro Mercantil), de las que siete no serán recolocadas. Algunas de ellas llevaban más de 10 años al frente de esos despachos.