La ambiciosa Hacienda catalana, concebida por la Generalitat como una estructura de Estado con vistas a la independencia fiscal, ha comenzado con mal pie.
El traspaso de los trabajos de grabación y digitalización a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) --cometidos que hasta ahora realizaban los Registradores de la Propiedad-- ha provocado la acumulación de expedientes que han dejado en el limbo liquidaciones por valor de 1.200 millones de euros, según aseguran fuentes del Colegio de Registradores.
Por su parte, los sindicatos afirman que los retrasos se remontan a noviembre de 2016, mientras que la Consejería de Economía dice que los trabajos están al día.
El pasado 1 de enero cerró el Centro de Grabación de Datos de Valldoreix, donde los Registradores grababan y digitalizaban los expedientes, hasta 200.000 al año. Sin embargo, la Consejería de Economía prescindió de la colaboración de este colectivo profesional, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los Registradores han recurrido judicialmente esta decisión, pues el contrato acababa el 31 de octubre, pero la Generalitat lo ha denunciado con efectos del 1 de septiembre.
El centro de la Zona Franca
Esas labores de digitalización, que realizaban 18 personas en ese centro –11 de ellas han sido recolocadas por la Generalitat--, las asume la ATC en su nuevo centro de la Zona Franca de Barcelona desde el pasado 1 de febrero.
Los Registradores aseguran que durante un mes no se han introducido datos en el sistema informático, lo que ha dejado en suspenso liquidaciones por valor de 1.200 millones, algo que el departamento de Economía de la Generalitat niega. “Se ha producido el desfase habitual, de varias semanas, pero el sistema de grabación de liquidaciones no se ha parado nunca, ya sea por vía telemática o física. Los técnicos trabajan a pleno rendimiento”, asegura una portavoz de la consejería.
Más plantilla, pero aún insuficiente
Los desajustes en ese traspaso se suman a las denuncias sindicales sobre la improvisación con la que se está llevando a cabo la construcción de la nueva ATC. Los sindicatos acusan al vicepresidente económico, Oriol Junqueras, de contratar ilegalmente a interinos, mientras que el recorte de oficinas en el territorio obliga a la Generalitat a hacer campaña con los alcaldes de la zona.
Junqueras ha destinado para este año 93,3 millones de euros a la ATC, lo que supone un aumento del 145% respecto al año anterior. Asimismo, pretende pasar de una plantilla de 425 personas a 800 personas. No obstante, los expertos aseguran que la fiscalidad de una hipotética Cataluña independiente exigiría 5.000 empleados, como mínimo.