La Justicia decidirá si la decisión de la Consejería de Economía de la Generalitat de revocar el convenio que, desde hace casi 40 años, mantenía con los Registradores de la Propiedad es ilegal. Este colectivo profesional presentó ayer un recurso Contencioso-Administrativo contra la denuncia del acuerdo con fecha 1 de septiembre, es decir, dos meses antes de lo previsto. Inmersa en la construcción de una hacienda catalana independiente de la española, el Gobierno catalán ha prescindido de los servicios de los Registradores, es decir, de las 54 oficinas liquidadoras que colaboraban con la Generalitat. Se ahorrará unos 25 millones de euros.
Fuentes del Colegio de Registradores de Cataluña explican que, pese a este recurso judicial, están abiertos a negociar y tienden la mano a la administración catalana para concluir como es debido una colaboración histórica.
Los registradores, que dependen del Ministerio de Justicia, ayudaban a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a liquidar los principales impuestos cedidos, es decir, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, evitando incluso el colapso en algunos momentos de gran acumulación de trabajo.