"Abominable". Así calificó el nuevo director del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), Juan José Torres, la situación laboral de los reclusos de las cárceles. Torres, que el pasado mes de diciembre mantuvo una reunión con representantes sindicales, se comprometió a corregir la situación de "esclavitud laboral" de los reclusos que siguen programas de ocupación. "Hemos detectado un cambio de actitud por parte del nuevo director del CIRE. Durante años hemos denunciado esos abusos laborales, en algunos casos cercanos a la esclavitud, pero parece que ahora nos han escuchado", explican a Crónica Global fuentes del sector Prisiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Torres asumió el compromiso en ese encuentro, y así lo confirma la Consejería de Justicia, que ha encargado una auditoría para revisar los horarios laborales y ajustar las retribuciones al salario mínimo interprofesional.
cifras cire
En la cárcel de Lleida, por poner un ejemplo, la demanda de trabajo es tan alta que los sindicatos reclaman más reclusos para poder atenderla. Algo que, según explican a este diario portavoces de Justicia, se solucionará con el traslado de internos que actualmente están en la cárcel Modelo de Barcelona, cuyo cierre ha sido ya acordado. Unos 4.000 presos participan anualmente en estos programas ocupacionales que el CIRE desarrolla en sus 70 centros y talleres.
La ley penitenciaria contempla el trabajo productivo como una de las vías de reinserción de los reclusos. "Es voluntario y muy positivo para ellos. Algunos tienen que mantener a sus familias y, si pueden ganar unos 500 euros, ya es algo. Pero los salarios que reciben no se ajustan al trabajo realizado. Los horarios son muy arbitrarios, pues en ocasiones han tenido que trabajar de noche o durante los fines de semana", aseguran los representantes sindicales.
El ascenso de la exdirectora tras el 9N
Tras el cambio de gobierno, ERC relevó a CDC al frente de la Consejería de Justicia. Torres asumió la dirección del CIRE en febrero de 2016 en sustitución de Elisabeth Abad, quien dos años antes fue la responsable de encargar a los reclusos de la cárcel de Ponent la confección de las papeletas y las urnas de la consulta del 9N. Abad, que testificó en el juicio celebrado a principios de febrero contra el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, es actualmente senadora de PDECat.
La confección de ese material electoral, valorado en 50.317 euros, forma parte de un largo listado de encargos que la Generalitat realiza anualmente al CIRE. Incluye productos de carpintería, papelería, lavandería, cocina, jardinería, impresión, panadería, objetos de regalo o montaje de actos institucionales. La facturación por encargos públicos asciende anualmente a unos 33 millones de euros. Una cifra nada desdeñable a la que hay que añadir otros 16 millones de euros al año por encargos privados. En este sentido, la Generalitat tiene convenios con 150 empresas que contratan los servicios de los reclusos.