La Generalitat alardea de reforma horaria, pero corta el grifo a las guarderías

Son los “presupuestos más sociales”, en palabras del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en referencia a las cuentas de 2017, pendientes de su aprobación definitiva en el Parlamento catalán: el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ha aumentado en 1.170 millones. Con matices.

Evolución del gasto de la Generalitat en guarderías / CG

Sin embargo, entre las partidas destinadas al ámbito educativo, tanto las entidades sociales como los grupos parlamentarios echan en falta un importe específico para las guarderías. Máxime cuando el Gobierno catalán ha hecho bandera de un proyecto de reforma horaria, destinado a conciliar la vida familiar y laboral. Un objetivo que exige garantizar que todos los padres puedan acceder a una plaza de educación infantil de 0 a 3 años.

Deudas pendientes

La oposición ha hecho constar esa partida ausente en las mociones parciales presentadas a los presupuestos. Todos coinciden en reclamar al Gobierno catalán que cumpla con sus compromisos de cofinanciar la educación infantil con los ayuntamientos, aunque algunos de ellos incluyen otras medidas. Ciudadanos pide la creación de la Oficina para la Educación Infantil de 0 a 3 años, mientras que el PSC reclama que se garantice el pago de 1.600 euros por plaza y año, cifra que progresivamente se iría ampliando hasta los 1.800 euros. Asimismo, los socialistas instan a pagar las deudas pendientes con los ayuntamientos y los consejos comarcales, mientras que el PP se refiere concretamente al caso de Barcelona, donde exige desembolsar los 7 millones de euros que, según dice, le corresponde abonar a la Generalitat.

Señalan a Crónica Global fuentes del departamento de enseñanza de la Generalitat que la crisis económica y la reducción de transferencias por parte del Gobierno español supusieron un drástico recorte de las ayudas destinadas por el Govern a las guarderías, tradicionalmente cofinanciadas por el Gobierno catalán, los ayuntamientos y los padres. Durante el mandato de Irene Rigau, la consejería de Enseñanza decidió eliminar sus partidos, cargando el grueso del coste de la educación infantil a los ayuntamientos, al tiempo que delegaba esa responsabilidad a las diputaciones. Se da la circunstancia de que la mayoría de los ingresos del ente supramunicipal procede del Estado.

El gran descenso de nuevas plazas de guardería, según demuestran los datos de la Generalitat, se produce a partir de 2012, aunque el decremento del gasto comienza a ser muy evidente al pasar del gobierno tripartito al de CiU en 2011 –de 30,8 millones de euros a 15,9 millones--. Desde entonces, las aportaciones fueron disminuyendo hasta que la Generalitat las suprimió y las derivó a la Diputación.