El tiempo dirá si la crisis de Santi Vidal se ha cerrado en falso o no, pero no se puede negar que, a nivel político, la reacción de ERC ha sido casi inmediata. La formación liderada por el vicepresidente económico Oriol Junqueras no ha tardado ni 24 horas en exigir el acta de senador a Vidal y en ofrecerse a dar explicaciones en el Parlamento catalán. Junqueras ha ido un poco más allá y ya ha anunciado una auditoría de su departamento para demostrar, en contra de las afirmaciones del juez, que no se han obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. Y su partido saca pecho de ello.

En medios políticos, algunos dirigentes republicanos han hecho ostentación de la rápida resolución de la crisis. “En menos de 24 horas ya está solucionado. La antigua CDC nunca ha ido tan rápido”, explica un alto cargo de ERC, tras poner como ejemplo el caso del expolio del Palau de la Música y sus derivadas, principalmente la que apuntaba a la supuesta financiación irregular de CDC a través del cobro de comisiones por obra pública.

Investigación judicial

Resulta complicado saber a qué se refería Santi Vidal con la frase “el Govern tiene los datos fiscales de todos los catalanes de forma ilegal”. Y eso es precisamente lo que los jueces deberán determinar si finalmente se investigan las polémicas declaraciones que le han obligado a entregar su acta de senador.

Sin embargo, los fiscalistas consultados por Crónica Global coinciden en que la Generalitat solo puede hacer un uso estrictamente fiscal de los datos relacionados con los impuestos cedidos o propios. El Gobierno catalán no tiene acceso a los datos de los impuestos que gestiona el Estado debido a que los bancos de datos no están conectados. Hace dos años, la administración autonómica invitó a los catalanes a proporcionar voluntariamente una copia de la declaración del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana. De esta forma, el Govern podría elaborar un censo que ahora no tiene. La iniciativa fue un fracaso.

Según Esaú Alarcón, abogado, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), la Ley General Tributaria es muy estricta en el sentido del uso que puede hacer la Generalitat de los datos fiscales de los catalanes. “La Agencia Tributaria catalana solo puede manejar datos relativos a los impuestos cedidos y propios. Ir más allá de eso es ilegal”, explica.

Lo que dice la ley

El artículo 95 de la LGT establece que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.

En declaraciones a este diario, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, enmarca la polémica suscitada por Santi Vidal en el uso político de los datos fiscales, algo que también ha hecho el Gobierno español. “Todos recordamos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insinuando que tiene información comprometida de personajes famosos”, explica. Curiosamente, los técnicos de fisco siempre se han quejado de la falta de coordinación entre la Hacienda española y las agencias autonómicas debido a la desconfianza mutua. De ahí que, en principio, resulte casi imposible que la Generalitat acceda a los datos estatales.

No es la primera vez que el Gobierno catalán está en el ojo del huracán mediático por sus supuestos intentos de crear un censo propio con vistas a la independencia de Cataluña. Cuando se convocó la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, también se especuló con la posibilidad de que la Generalitat utilizara las tarjetas sanitarias para elaborar una lista electoral. Un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos impidió tal uso.