El Gobierno catalán se ha dado un baño de realidad energética. La tramitación del llamado Pacto Nacional para la Transición Energética, que estaba llamado a sentar las bases de la desconexión en este ámbito, ha topado con la opinión de los expertos, incluso con los responsables del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), organismo dependiente de la Consejería de Empresa de la Generalitat.

El ICAEN, encargado de elaborar ese Pacto Nacional, ha enmendado su borrador inicial, inspirado en los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano creado por el expresidente Artur Mas para preparar la independencia de Cataluña.

Tras una ronda de consultas con 66 entidades, que incluyen expertos (colegios profesionales y universidades consultores, entre otros), representantes de los sectores económicos y sociales y grupos parlamentarios, el instituto ha redactado una nueva propuesta de pacto a la que ha tenido acceso Crónica Global, y en la que el secesionismo queda en segundo lugar e, incluso, contempla el desarrollo de las normas españolas.

Un guiño a CUP y CSQP

El pacto, que a lo largo de este año será aprobado en el Parlamento catalán, consta de siete ejes básicos. Algunos de ellos suponen un evidente guiño a la CUP y CSQP –el Gobierno catalán pretende contar con un amplio apoyo político–, como la defensa de una "energía democrática y la participación de la sociedad en la definición de un nuevo modelo" y del "derecho fundamental a la energía y defensa de los consumidores".

El documento aboga por un modelo sostenible que prioriza las energías renovables, pero de forma realista, es decir, asumiendo que no se puede prescindir de fuentes tradicionales porque el autoabastecimiento no garantizaría el suministro de las grandes infraestructuras.

Según los datos que maneja la Generalitat, el 70,5% del consumo energético en Cataluña corresponde a combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural–, y es el sector del transporte el principal cliente (39,7%). La energía nuclear es la principal fuente de generación de electricidad (54,1%), mientras que las renovables representan el 8,5% del gasto bruto total (año 2014) y el 19,3% de la producción de energía eléctrica (período 2012-14).

Centrales nucleares

Es decir, que el consumo eléctrico catalán procede de centrales nucleares cuya titularidad es estatal –las dos centrales de Ascó y la de Vandellós se instalaron en Tarragona por su situación geográfica muy ventajosa a efectos de transporte y evacuación–. Cataluña no tiene minas de uranio en explotación, y necesita importar electricidad de Aragón y de Francia. La CUP está a favor del cierre de estas plantas y del desmantelamiento de la línea de muy alta tensión (MAT).

El Nuevo Pacto Nacional no renuncia al soberanismo energético, pues contempla la consecución de "competencias plenas de las instituciones catalanas en materia energética en la Unión Europea" y la apuesta por "fuentes de energía renovables, fundamentalmente las autóctonas". Sin embargo, el documento también prevé el despliegue de la normativa básica estatal en materia de autoconsumo y certificación energética de edificios. Todo ello, con la vista puesta en 2050 como año de implantación de los objetivos del acuerdo.

Falta de respuesta del Gobierno

Según ha podido saber este medio, la Generalitat ha confesado a sus interlocutores durante la ronda de contactos que esa desconexión energética no puede, ni debe, convertirse en una prioridad.

La Generalitat asegura que, en diferentes ocasiones, ha propuesto al Gobierno español la necesidad de impulsar un acuerdo energético consensuado con las comunidades autónomas, basándose en el diálogo con todas las fuerza políticas y los responsables de la sociedad civil. Pero, según denuncia el consejero de Empresa, Jordi Baiget (CDC), en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP María José García Cuevas: "No hemos recibido respuesta".