CDC esquiva la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas

La nueva Convergència se encuentra todavía en fase de construcción. Afronta el futuro con diversos frentes abiertos: debacle electoral, sedes embargadas, casos judiciales en marcha, incertidumbre sobre el candidato a la presidencia de la Generalitat… Y también con ganas de no repetir errores del pasado. Aunque la solución se preste también a la picaresca.

PDECat ha decidido prescindir de la Fundación CatDem, que en el historial judicial siempre aparecerá vinculada a la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones del 3% por adjudicación de obra pública. Y no tiene intención de crear otra entidad de estas características, sino que constituirá un simple think tank privado. La diferencia es importante porque, de esta forma, no tendrá que rendir cuentas a la Sindicatura de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las fundaciones –oficialmente son organizaciones jurídicas sin ánimo de lucro-- de los partidos políticos, aunque podrá seguir recibiendo subvenciones públicas.

Cambios en la ley de financiación de partidos

Con el último cambio de la ley de financiación de partidos, la Sindicatura perdió las competencias para fiscalizar a los partidos políticos, que solo puede ejercer de forma exclusiva el Tribunal de Cuentas. "Mantenemos competencias sobre fundaciones y sobre gastos electorales, y seguiremos haciendo el informe sobre rendición de cuentas de los partidos, que no es fiscalización, sino control formal de cuentas", explican a Crónica Global fuentes de la Sindicatura. Por tanto, el futuro think tank convergente, cuyo embrión es la plataforma ciudadana que Artur Mas planificó sin que llegara a ver la luz, no será sometido al control del ente catalán, pues ni tendrá vinculación jurídica ni financiera con PDECat.

La eliminación de la fundación CatDem se une a la decisión del Gobierno catalán de eliminar las subvenciones a las fundaciones de las formaciones políticas. De hecho, en 2014, la Consejería de Justicia redujo drásticamente sus ayudas públicas a estos entes hasta llegar prácticamente a cero en el caso de PSC (Rafael Campalans), Nous Horitzons (ICV) y L’Alternativa (EUiA). En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PSC Esther Niubó, el consejero de Justicia, Carles Mundó, desgranó las aportaciones realizadas a cada fundación entre 2010 y 2015 para sufragar parcialmente proyectos, estudios o actividades llevadas a cabo durante esos años. Siempre en cabeza, la fundación de CDC ha recibido cantidades que oscilan entre los 179.748 euros de 2012 y los 158.999 euros de 2013.

Con el paso del Gobierno tripartito al de CiU, las ayudas a los partidos de la izquierda comenzaron a menguar. La fundación del PSC pasó de 156.445 euros a 4.131 euros en 2015, mientras que la de ICV, que había obtenido hasta 48.889 euros anuales, dejó de recibir ayudas en 2015. La Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, obtuvo 102.667 euros en 2010, frente a los 79.608 euros de 2015. FAES, vinculada al PP, ha mantenido ingresos similares: de los 68.444 euros de 2010 --los mismos que la Fundación de UDC, el Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll Alentorn-- a los 67.703 euros de 2014. Fundació l'Alternativa, de EUIA, siempre se movió en cifras muy bajas, del entorno de los 12.000 euros.