La CUP redobla la presión al Govern y apoya la huelga de enseñanza

A pocas semanas de que tenga lugar la votación final sobre los presupuestos de la Generalitat, la CUP redobla la presión y ha anunciado oficialmente que apoya la huelga prevista en el sector educativo para el 9 de febrero.

El diputado de la formación antisistema Carles Riera ha comparecido en rueda de prensa para dar su apoyo a las movilizaciones sindicales que comienzan el próximo 18 de enero y culminarán en el paro general en el sector. Según Riera, la voluntad de su partido no es poner contra las cuerdas a Junts pel Sí y al Gobierno catalán, pero “las posiciones están muy lejanas”. Esta reivindicación educativa se produce días después de que la formación antisistema denunciara la gestión de otra consejería social, la de salud, a raíz del colapso del servicio de Urgencias registrado a comienzo de este año.

Riera confía en que las negociaciones “tengan un final feliz” y aunque la CUP decidirá su voto definitivo a los presupuestos de la Generalitat para 2017 el 28 de enero, ha dicho que se tendrán en cuenta la atención a las reclamaciones de los cupaires en el sector educativo.

Revertir las privatizaciones

Entre otras medidas, la CUP propone acabar con la “mercantilización” y las privatizaciones, suspender las ayudas a centros de elite que segregan por sexo, más inversiones en equipamientos y personal, disminuir la ratios entre profesorado y alumnado y ampliar la concesión de becas. Rechazan, asimismo, el aumento de las dos horas lectivas impuesto por el Gobierno catalán, en base a una orden estatal, pues según dicen, reduce el tiempo para hacer el seguimiento y la evaluación del alumnado.

Todo ello, según el diputado de la CUP, podría llevarse a cabo con un aumento de 150 millones de euros de la partida que ahora le dedican las cuentas catalanas para este año.

Según los datos sindicales, en los últimos años se ha producido un goteo de bajas laborales mientras el número de alumnos ha aumentado en 82.000. En concreto, afirman que entre 2010 y 2015, los recortes en enseñanza han alcanzado un 19% y, de esta cifra, un 60% ha afectado a las condiciones sociolaborales de los maestros.