Luz verde al embrión del CNI catalán

Un servicio de inteligencia como estructura de Estado. El Gobierno de Carles Puigdemont ha retomado los trabajos que en su día emprendió el gabinete de Artur Mas y ha sentado las bases de un futuro CNI con la creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Con este nuevo organismo, la Generalitat intenta dotarse de las herramientas necesarias para afrontar los riesgos y amenazas que plantea actualmente la plena integración en la sociedad digital. El Parlamento catalán dará luz verde la próxima semana a la Agencia, que nace con polémica.

Dotado con un presupuesto de 36 millones de euros (2016-2019), esta Agencia debe sustituir al actual Centro de Seguridad de la Información en Cataluña (Cesicat), que está bajo investigación judicial a raíz de la denuncia del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), que acusa a este organismo de atacar su web.

Son precisamente los Mossos d’Esquadra quienes han expresado sus recelos respecto a la conversión de Cesicat en una agencia gubernamental que dependerá de la Consejería de Presidencia. Durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara catalana, la Dirección General de Policía, que depende de la Consejería de Interior, presentó un informe en el que advierte que la investigación de los ciberataques corresponde a los jueces y a la policía. Por ello, el departamento de Presidencia ha limado asperezas y precisa que, en efecto, son los Mossos quienes tienen las competencias en investigación, mientras que la Agencia se limitará a hacer el diagnóstico de los ataques dirigidos a la red de las administraciones públicas, muy beligerantes, según indica el preámbulo del proyecto de ley, que cuenta con sendas enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos.

Mossad, Ertzaintza...

La Generalitat quiere impulsar su proyecto en base a la competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas que le otorga el Estatuto, así como en la competencia exclusiva en materia de comercio electrónico.

Sin embargo, existen precedentes que demuestran que el control de la ciberseguridad, lejos de ser inocuo, es el primer paso hacia una CIA catalana. Hace tres años, Cesicat, que entonces dependía de la Consejería de Empresa, elaboró un informe que sentaba las bases de una Agencia Nacional de Seguridad. Preveía una dotación presupuestaria de 28 millones y 300 agentes de los Mossos d’Esquadra. En ese informe se sugería el uso de los contactos de la policía catalana con la Ertzaintza para establecer algún tipo de colaboración con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

Cesicat fue objeto de otra investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por el PSC por supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y la privacidad, tras conocer que se había hecho un seguimiento de activistas sociales y particulares en las redes sociales, y se había utilizado el "programa espía" en móviles de escoltas de los Mossos.