La Generalitat y los Registradores de la propiedad de Cataluña han acordado crear una mesa de trabajo para preparar la transición hacia la revocación del convenio que, desde hace 40 años, mantiene el Gobierno catalán con estos profesionales para gestionar y revisar los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma.

Ambas partes mantuvieron ayer una primera reunión, a la que asistió el decano de los Registradores de Cataluña, Luis Suárez, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. Sin embargo, en esa mesa de trabajo no están representados los 300 trabajadores de las 55 oficinas liquidadoras afectados por la finalización del convenio, previsto para octubre de 2017.

El responsable del área de Registros de Cataluña del sindicato CSIF, Jordi Maldonado, asegura a Crónica Global que la constitución de la mesa de seguimiento de la integración, únicamente con la presencia de la Generalitat y el decanato autonómico de los Registradores, “incumple una vez más, por parte del Departamento de Economía la resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado 14 de julio”. Los representantes de los trabajadores “solicitamos el cumplimiento de dicha resolución, la convocatoria de una reunión y la apertura de una mesa de negociación para concretar el régimen y situación laboral en la que quedarán los trabajadores y trabajadoras de nuestro colectivo”.

Ahorro de 25 millones

Para la vicepresidencia económica de la Generalitat, que dirige Oriol Junqueras, la resolución del convenio supone un ahorro de 25 millones, pero los Registradores aseguran que “por cada euro que paga el Ejecutivo catalán, nosotros les damos 4,5 euros”, dada la eficacia y la experiencia de este colectivo en la revisión de expedientes. Advierten de que prescindir de la labor de estas oficinas puede provocar a la Agencia Tributaria de Cataluña pérdidas de hasta 400 millones de euros en la recaudación.

El extraño caso balear

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, tiene previsto desplazarse a Baleares para analizar su sistema de gestión de impuestos. Se da la circunstancia de que en esta autonomía también se resolvió el contrato con los registradores. Sin embargo, debido a la inminente prescripción de los expedientes y la caída de la recaudación, se cedió nuevamente la gestión de impuestos a través de un particular, Gabriel Alzamora, que cobra por ello 17 millones de euros. El acuerdo de Alzamora con el Gobierno balear ha sido muy polémico. Incluso la Sindicatura de Cuentas ha cuestionado esa figura del “recaudador”, que Podemos califica de “medieval”.