Los Registradores de la Propiedad han sido convocados hoy por la Consejería de Economía de la Generalitat, previsiblemente para informarles de la revocación del convenio que mantenían con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para gestionar, a través de sus oficinas liquidadoras, los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma. La resolución de este convenio, que vence en octubre de 2017, compromete el futuro de más de 300 trabajadores, pero también amenaza la capacidad recaudadora de la ATC, pues los Registradores aseguran que el colapso derivado de esa rescisión supondrá una pérdida de ingresos de casi 400 millones de euros al año para la hacienda catalana.
Autonomías pobladas
El Colegio de Registradores de Cataluña ha hecho un estudio sobre las consecuencias de la supresión del convenio, ya que el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, quiere deshacerse de este colectivo profesional que depende del Ministerio de Justicia. En ese estudio, se analiza la experiencia de otras autonomías y, curiosamente, destaca el caso de Madrid, donde la revocación del acuerdo tuvo consecuencias tan nefastas que, años después, el Gobierno de la comunidad tuvo que volver a suscribirlo. En 1990, tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se suprimieron las Oficinas Liquidadoras y el Ejecutivo madrileño asumió la gestión de los impuestos cedidos en 1991. El caos derivado –prescribieron más de un millón de documentos sin haber sido comprobados— obligó a la Comunidad a dictar el Decreto 81/1996 por el que se restablecían las Oficinas Liquidadoras.
Otras autonomías que también mantienen el convenio son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, La Rioja, Valencia, Ceuta y Melilla. En su mayoría, se trata de regiones extensas y pobladas, como Cataluña. Por el contrario, Canarias y autonomías uniprovinciales como Asturias, Baleares, Murcia y Navarra, donde se revocaron los convenios, son poco extensas y pobladas y “en ninguna se ha mejorado la gestión de impuesto”.
Gracias al convenio entre las 55 oficinas liquidadoras y la ATC, en 2013 se evitó el colapso, dado que la agencia catalana se veía incapacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona. Actualmente, hay más de 200.000 expedientes vivos, es decir, pendientes de revisión.