Bajo la premisa de que la Justicia es una “estructura de Estado”, el Gobierno catalán se ha marcado como objetivo reducir la movilidad en su administración, donde hay un importante volumen de funcionarios procedentes del resto de España. La escasa tradición opositora existente en Cataluña es una de las causas. Todo ello se traduce en un uso de la lengua catalana por debajo de los índices deseados por la Generalitat. Pero las medidas para catalanizar la Justicia han encendido a los trabajadores judiciales, que cuestionan las cifras de movilidad que maneja el departamento y la suspensión de los concursos, que abocan a los interinos que ya prestan servicio a opositar en otras comunidades. Los sueldos, inferiores a la media --recortes de las pagas extra no retornados--, también son motivo de deserción. Para los funcionarios, la reciente creación de una unidad que gestiona los procesos de selección y provisión de personal --¿qué procesos?, se preguntan-- es la gota que colma el vaso.

El consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, aseguró, en una nota publicada en la intranet de su departamento, que tres de cada cuatro opositores a funcionarios de Justicia que ganan una plaza en Cataluña proceden del resto de España. Según el Gobierno catalán, dos tercios de los nuevos funcionarios piden el traslado dos años después de ganar el puesto. Las cifras fueron corroboradas por el consejero propuesto por ERC en una comparecencia parlamentaria.

Todo ello, concluye la Generalitat, provoca una gran movilidad. Por ello, el consejero busca fórmulas para reducir esa inestabilidad y una de ellas es pedir al Ministerio de Justicia que aplace las oposiciones. De ahí que la Generalitat renunciara a convocar un concurso de 503 plazas otorgadas por el Gobierno español.

"Los funcionarios son catalanes"

Por el contrario, los funcionarios niegan que exista tanta movilidad. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) contrastó las listas de los aprobados de las oposiciones de Justicia en Cataluña de los años 2008 y 2010 con la base de datos actual de empleados públicos en activo. El porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio admitidos en 2008 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 43%, cifra que en el caso del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa se reduce a un 20%, mientras que en el del cuerpo de Gestión Procesal asciende a un 50%.

Asimismo, el porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio aprobados en 2010 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 23%; en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, un 35%, y en Gestión Procesal, un 27%.

“Diga lo que diga el consejero, muchos funcionarios que aprueban las oposiciones son catalanes”, asegura el STAJ. En 2015, la ratio de opositores por plaza para acceder al Cuerpo de Auxilio fue de 42 en Cataluña mientras que en Madrid fue de 95 y en Andalucía, de 205. Para el cuerpo de Tramitación Procesal, la ratio en Cataluña fue de 76 opositores por plaza, 164 en Madrid y 502 en Andalucía. Cifras que permiten a los sindicatos concluir que Cataluña no es el principal lugar de preferencia de los opositores.

La reestructuración del departamento de Justicia, acordada recientemente y que incluye una unidad orgánica para gestionar los procesos de selección y provisión del personal de la Administración de Justicia, ha crispado aún más la situación. Los trabajadores critican la creación de esa unidad precisamente en un momento en el que no se están convocando plazas y porque, desde 1996, la Generalitat ha desarrollado ocho procesos selectivos sin necesidad de ese servicio.

Fuentes del departamento de Justicia han explicado a Crónica Global que esa unidad “había existido siempre, pero hace dos años se eliminó y se situó dentro de la unidad central de selección del Departamento de Justicia”.

"Ineficiencias"

Con la reestructuración, ese área vuelve a la secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia “porque hasta ahora se habían detectado ineficiencias”. Las mismas fuentes aseguran que “hay procesos de provisión (concursos) cada año para atender a los cambios de destino. Hay mucha movilidad en la plantilla”. Todavía no se ha nombrado al jefe de esta unidad, que se encargará de estudiar “las cargas de trabajo y la creación de nuevas plantillas”. Por ejemplo, tutelará la puesta en marcha de las oficinas judiciales y la creación de nuevos juzgados (en breve se crearán nueve juzgados que ya están acordados con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Esta unidad también planificará las políticas de recursos humanos.