Primer conflicto laboral de Puigdemont: Los funcionarios rechazan la paga extra en ’36 plazos’

Primer conflicto laboral del presidente Carles Puigdemont. Los funcionarios de la Generalitat rechazan que la devolución de la paga extra de 2012 se haga en “36 cómodos plazos”, en alusión al acuerdo aprobado en el Parlamento catalán. Los grupos votaron unánimemente abonar esos atrasos de forma progresiva hasta 2018. Pero la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el más representativo en las administraciones públicas, rechaza esa fórmula y ha emprendido una campaña de recogida de firmas para reclamar el pago inmediato de los adeudos de 2012, y un calendario para el abono de las pagas pendientes de 2013 y 2014. Por ello, el sindicato reclama a la Generalitat que reúna la Mesa General de Función Pública.

"Insoportable"

El pasado 20 de enero, el Pleno del Parlament aprobó un calendario para devolver el resto de la paga extraordinaria del año 2012 “en 36 cómodas cuotas hasta el año 2018”, denuncia CSIF, que considera la situación “insoportable”. Por ello  “ponemos en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno de la Generalitat que nos devuelva, íntegramente este año, la totalidad de los adeudos pendientes de la paga extra de 2012 y establezca un calendario para el retorno de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014”, pagas que no fueron descontadas “ni en el Estado ni en otras comunidades autónomas”. La devolución de la paga de 2012 costará 400 millones, que se unen a los cien millones que supone aumentar un 1% el sueldo de los empleados públicos, tal como ha aprobado el Ejecutivo autonómico.

A la cola

En septiembre de 2014 el Gobierno aprobó la devolución del 26% de la extra de 2012 así como la inclusión del 50 por ciento restante en los Presupuestos generales del Estado para los empleados públicos estatales dejando a cada comunidad autónoma su aplicación efectiva. “Los trabajadores públicos de muchas Comunidades autónomas ya han recibido la totalidad de la paga extra de 2012 y, en cambio, los empleados de la Generalitat siguen sin ver un euro de ello, solo el 24,04% correspondientes a los primeros 44 días”, explica el sindicato.

“Los empleados públicos catalanes van a la cola con respecto al resto de comunidades autónomas en cuanto a la devolución de las retribuciones y derechos sustraídos durante la crisis”, critica.