Las cuentas de la hacienda catalana no cuadran. En menos de un año, la Agencia Tributaria Catalana (ATC) pretende deshacerse de 300 empleados de empresas liquidadoras gestionadas por los Registradores y, al mismo tiempo, pasar de los 350 empleados actuales a 800 sin que nadie quiera opositar a esta "estructura de Estado". El problema para alcanzar este objetivo es económico, pues esas previsiones se basan en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2017 que todavía no está garantizada –la CUP tiene que decidir aún si da su apoyo--, pero también es estructural. Y es que el Gobierno catalán tiene serias dificultades para cubrir las plazas que salen a concurso –en la última convocatoria, solo se ocuparon 19 de las 40 ofrecidas--, lo que se une a la reciente desbandada de cargos directivos. Tres cargos intermedios y, más recientemente, la directora de la ATC han plantado en los últimos meses al vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, que se ha empeñado en lograr la independencia fiscal antes de que acabe esta legislatura de 18 meses (concluye en el verano de 2017). Definitivamente, este proyecto económico despierta más recelos que adhesiones por parte del personal cualificado.

Código Tributario de Cataluña

Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP registraron este verano una proposición de ley del Código Tributario de Cataluña con la que, ajenos a las competencias que delimita el Tribunal Constitucional, pretenden gestionar todos los impuestos que se recaudan en esta comunidad. Pero, de momento, lo único que ha logrado Junqueras es poner en pie de guerra al personal de las Oficinas Liquidadoras, pues la Generalitat quiere revocar en octubre de 2017 el convenio con los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. En su reciente comparecencia parlamentaria, el secretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, fue preguntado por la diputada del PSC, Alicia Romero, sobre el futuro de estos 300 trabajadores, pero no aclaró nada al respecto, más allá de subrayar la dificultad que supondría incorporarles a la ATC y "pasar la pelota" al área de Función Pública de la administración autonómica. Romero le recordó que el Parlamento catalán aprobó una moción en la que se insta al Govern a no resolver los convenios suscritos con los Registradores de la Propiedad hasta que no haya finalizado la preparación del plan de despliegue del nuevo modelo territorial de la ATC. 

Salvadó reconoció que es improbable que, de aquí a junio de 2017, se pueda disponer de una plantilla de funcionarios suficiente –en ello tiene mucho que ver la escasa cultura de oposición existente en Cataluña y el hecho de que las pruebas son muy duras-- por lo que abrió la posibilidad de recurrir a personal interino. La socialista teme que esa vía se convierta en un “coladero de gente sin preparación, pero afín al gobierno de turno”. Entre marzo y agosto de 2016 se han incorporado a la ATC una cincuentena de interinos. 

Acciones legales

El responsable del área de Registros de Cataluña del sindicato CSIF, Jordi Maldonado, advierte a esta publicación de que “no" están dispuestos "a suplir la falta de personal con interinos que no están preparados” y asegura que el colectivo que representa estudia emprender acciones legales contra la Vicepresidencia económica por atentar contra la libertad sindical. Tras su comparecencia parlamentaria, el equipo de Lluís Salvadó cuestionó la representatividad de CSIF, pese a que es mayoritario en el sector. Y expresa su preocupación por el destino de los 300 empleados de empresas liquidadoras, que temen perder su antigüedad y sus funciones si, finalmente, se incorporan a la ATC. “Nos quieren como administrativos para hacer fotocopias”, dice.

Actualmente, las empresas liquidadoras gestionan con eficacia los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma. La Generalitat alega que, con la disolución del convenio, se ahorraría 20 millones de euros anuales.