El primer pleno ordinario del Parlamento catalán, previsto para octubre, abordará la renovación del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano integrado por juristas de reconocido prestigio encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución española y el Estatuto catalán. Esta especie de Tribunal Constitucional a la catalana debe adaptarse a las actuales mayorías parlamentarias. Y dado que Ciudadanos es el principal grupo de la oposición, podrá plantear a un candidato para que forme parte de este Consejo. Según ha podido saber Crónica Global, entre los nombres que baraja la formación naranja figura el catedrático de Derecho Constitucional y articulista Francesc de Carreras, muy activo en el rechazo al secesionismo.
El Consejo está integrado por nueve consejeros nombrados por el presidente de la Generalitat, seis a propuesta de la Cámara catalana y tres a propuesta del Gobierno autonómico, entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia profesional en el mundo del derecho y que “posean la condición política de catalanes”. Se requiere una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo para que prospere la elección.
Mandatos agotados
Los mandatos del presidente del Consejo, Joan Egea --propuesto por CiU-- y Carles Jaume --propuesto por el PP-- acabaron en noviembre del año pasado. Pero el cambio de Gobierno y los avatares secesionistas han ido demorando la renovación. Ésta tendrá lugar tras el pleno parlamentario sobre la cuestión de confianza a la que se someterá el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el Debate de Política General. CDC y ERC, socios de gobierno, tendrán que consensuar un nombre también par renovar al dirigente del CGE.
Las retribuciones de los consejeros del CGE son bastante generosas. Cobran anualmente 121.050 euros, pero en el caso del presidente se añade un complemento de 8.330 euros.
Tal como publicó este medio, la inactividad legislativa de un Gobierno y un Parlamento hipotecados por el proceso secesionista ha reducido sensiblemente el trabajo de este organismo, pues a lo largo de este año, solo ha elaborado cuatro dictámenes que tienen que ver con la conflictividad entre Estado y Generalitat. Todo ellos se refieren a normas españolas que podrían invadir competencias catalanas. El año pasado, el total de asuntos en los que intervino el CGE ascendió a 26, los mismos que en 2014, mientras que en 2013, la cifra de dictámenes se elevó a 20. El presupuesto anual del Consejo supera los 2,4 millones de euros.