El Consejo de Garantías Estatutarias 'tumba' las estructuras de Estado de CiU y ERC

Golpe a uno de los proyectos principales de la hoja de ruta secesionista de CiU y ERC. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha resuelto este jueves que diversas iniciativas en tramitación en el Parlamento autonómico para desarrollar "estructuras de Estado", entre ellas, la "hacienda propia", un organismo regulador de la competencia, o el plan para inventariar bienes de la Generalidad y de la Administración General del Estado en Cataluña, no se adecúan al Estatuto ni a la Constitución.

En su dictamen, el CGE ha decido, en respuesta al recurso del PP catalán contra diversos puntos del proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad para 2015 y de su Ley de Acompañamiento -técnicamente, Ley de Medidas Fiscales y Financieras-, declarar contrario a la Constitución y al Estatuto el plan director de la futura "hacienda propia" catalana, el proyecto para los bienes públicos de la Administración Central y de la Generalidad -de cara a una "eventual división de activos y pasivos" tras una también eventual independencia-, y los proyectos de sindicatura electoral, autoridad de la competencia y de organismo de seguridad nuclear.

Por otra parte, ha declarado válido el proyecto de creación de una agencia de la seguridad social de la Generalidad, entendiendo que esta se ocupará solo de competencias ya traspasadas por el Gobierno o que puedan traspasarse en un futuro.

Dictámenes vinculantes solo en algunos casos

El CGE es el órgano autonómico que se encarga de decidir -siempre a instancia de parte- sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de las actuaciones del Gobierno de la Generalidad y del Parlamento autonómico antes de que se conviertan en norma con rango de ley.

Los díctamentes del CGE son vinculantes solo cuando se refieren a proyectos de ley o resoluciones "que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el Estatuto". En los demás casos, sus dictámenes tienen carácter solo consultivo. De hecho este órgano, creado en 2009, es sucesor del antiguo Consejo Consultivo de la Generalidad.