El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos se ha concretado en 150 reformas consensuadas entre ambos partidos. Los portavoces parlamentarios de las formaciones han firmado el documento, que Rajoy y Rivera terminaron de definir la noche del sábado. Los apoyos al presidente en funciones, sin embargo, no son suficientes para que sea investido. Es por esto que la presión se centra ahora en el PSOE.

Albert Rivera ha lanzado el primer mensaje a Pedro Sánchez en su comparecencia posterior a la firma del acuerdo. “100 de las 150 reformas las pactamos con el PSOE”, ha dicho el líder de Ciudadanos en referencia al acuerdo que alcanzaron ambas formaciones en febrero, tras las elecciones del 20D.

El presidente en funciones, por su parte, se reunirá el lunes con el líder socialista en el Congreso, un día antes de que empiece el debate de investidura. Rajoy ha recordado que los apoyos que suman Ciudadanos y Coalición Canaria para el PP no son suficientes, y que “mientras no podamos conseguir una mayoría no podemos hablar de que España recupere una situación de normalidad”.   

¿Reforma constitucional?

Tanto Rajoy como Rivera se han mostrado “satisfechos” por el pacto alcanzado. El líder de Ciudadanos ha sacado pecho de los “logros” que ha conseguido su partido en el resultado final de las negociaciones: “El nuevo centro político arrastra a la vieja izquierda y a la vieja derecha a una etapa de regeneración y reformas”. El presidente del PP considera que “ceder es parte del pacto” y que no solo lo ha hecho su partido.

Una de las principales medidas que incluye el acuerdo es estudiar una reforma constitucional. Mientras que Rivera se ha atribuido el mérito de lograr un “compromiso que no estaba en el programa del PP”, el de crear una mesa de trabajo para impulsar la revisión de la Constitución, Rajoy ha afirmado que “vamos a estudiar la posibilidad; esto no quiere decir que se haga ni que se cree una comisión en el Congreso”.

En cuanto a las reformas institucionales, entre las 150 se encuentra la de modificar el Senado, con una reducción del número de representantes. La justicia, tal y como ha explicado Rivera en un resumen de los compromisos establecidos, sería despolitizada. La ley electoral también sufriría cambios para acabar con las listas cerradas, entre otros objetivos.  

Empleo y recortes

El pacto anticorrupción ha sido uno de los más celebrados por C’s en la que consideran el “mayor paquete reformista de la democracia”. El compromiso que consiguieron el sábado en la recta final de las negociaciones para aplicar íntegramente la amnistía fiscal es otro de los puntos clave del pacto. Esto supondría recuperar el total del dinero perdonado, ya que se aplicaría el cobro del 10% en vez del 3% que se recaudó con la medida de Rajoy. Además, el empleo y las políticas sociales han centrado buena parte  de las reformas.

En materia laboral, el cuarto partido en el Congreso no ha conseguido el acuerdo de implantar el contrato único que defendió como parte esencial de su programa durante las dos campañas electorales. Sí se ha implantado un “contrato de protección creciente”, que tiene como objetivo convertir los contratos temporales en indefinidos con el tiempo, y un complemento salarial para los trabajadores con menos ingresos.

El régimen de los autónomos cambiaría de conseguir investir a Rajoy, y la bajas por maternidad y paternidad se igualarían y se ampliarían a 26 semanas. “Revertir los recortes” es otro de los objetivos del pacto, que no concreta la vía para hacerlo. Subir los impuestos no sería una de ellas, ya que el documento así lo acuerda. 

Unidad de España

Tanto Rajoy como Rivera han hecho referencia a preservar la “unidad de España” como parte del compromiso que han asumido. Una hipotética reforma constitucional pasa por que “cualquier español pueda decidir sobre qué pasa en cualquier parte del país”, según el presidente en funciones. Rivera ha insistido en la “igualdad” entre los territorios y en que “no hay lugar a referéndums de independencia al margen de la Constitución”.

La ley de financiación autonómica también figura entre las reformas pactadas, así como una nueva ley de educación consensuada entre todos los partidos, que paralizaría el calendario de la Lomce e introduciría el inglés como lengua vehicular en los colegios, junto al castellano.