El pacto anticorrupción entre Ciudadanos y PP, destinado a allanar la investidura de Mariano Rajoy, exige máximo rigor contable a ambos partidos, pero la formación naranja se enfrenta a un posible enredo fiscal en una población barcelonesa. Tanto la Agencia Tributaria como un juzgado de Sant Vicenç dels Horts deberán determinar si se cometió una infracción fiscal en el arrendamiento de la sede local del partido. Así lo ha denunciado el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de este municipio, Santos Mateo, exmiembro de Ciudadanos. Fuentes de la ejecutiva de C’s niegan tener conocimiento de esas denuncias, que atribuyen a una rencilla personal.
Las denuncias van dirigidas contra Carlos Gómez y Carmen Soffiati, que asumieron el control de C’s en Sant Vicenç tras la marcha de Santos. Subsidiariamente, se piden responsabilidades a Carlos Cuadrado, responsable de Finanzas y Organización de Ciudadanos a nivel nacional. El denunciante afirma que Gómez formalizó a su nombre un contrato de alquiler en la calle Girona de Sant Vicenç, sede de C’s, sin darla de alta como actividad económica presuntamente para no pagar los impuestos y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.
Donación particular
El denunciante afirma que no se declararon ni se ingresaron los impuestos correspondientes a la retención fiscal del alquiler de la sede, así como los tributos derivados de la donación a título personal que Carlos Gómez hizo a favor del partido.
Fuentes de la ejecutiva de C’s aseguran a Crónica Global que no se les ha informado de las demandas cursadas por vía penal y fiscal, y precisan que el partido nunca tuvo oficialmente una sede en Sant Vicenç, sino una oficina electoral que permaneció abierta con motivo de las elecciones municipales de 2015 y que se cerró en septiembre de ese año. Asimismo, vinculan las denuncias a motivaciones personales de Santos Mateo, a quien, explican, han pedido en diversas ocasiones que devuelva su acta de concejal.