“La presidenta del Congreso y antes ministra de Fomento es una buena política, pero es una pésima gestora, sin capacidad de plantar cara a sus superiores o de tener una idea de ministerio propia. Sabe negociar, pero sólo hacia abajo”. Quien así define a Ana Pastor es un alto representante del sector de la construcción en España, que considera el mandato transcurrido como un periodo en blanco para la adecuación del país en materia de infraestructuras.

Algo similar sucede si se pregunta en Cataluña a quienes han sido interlocutores de Pastor. Conocida fue su sintonía con Santi Vila, el que fue consejero de Política Territorial con Artur Mas como presidente de la Generalitat. “Buenas palabras, muchas; gestos de proximidad, todos; soluciones, ninguna”, explica un representante de la administración catalana para dibujar la nula actuación inversora del ministerio que dirigió Pastor en una políticamente convulsa Cataluña.

 

¿Presupuesto inexistente?

No son las únicas críticas que recibe la presidenta de la Cámara sobre su paso por el ministerio del gasto por excelencia. Los más benévolos con la nula actuación de Fomento en materia inversora lo atribuyen a la inexistencia de presupuesto para sacar adelante proyectos. El resto de los opinantes coincide en que Pastor, fiel a Mariano Rajoy, jamás se enfrentó con Cristóbal Montoro, de Hacienda, para sonsacar mayores recursos.

Los constructores son los más damnificados por la nula actuación de la legislatura. La consultora AT Kearney elaboró un informe para la patronal del sector (Seopan) en la que señalaba que España requería mantener un ritmo de inversión anual de entre 38.000 y 54.000 millones de euros durante diez años. Sólo así el país conseguiría prolongar sus niveles de competitividad y bienestar social homologables al del resto de socios europeos.

Una década perdida por falta de inversión

Los patronos de las constructoras no se limitan a señalar sólo la necesidad de infraestructuras de transporte (la gran reivindicación del Gobierno catalán), sino que extienden las necesidades a otros ámbitos: tratamiento de residuos, eficiencia y conexión energética, equipamientos educativos y sanitarios, redes de telecomunicaciones, mantenimiento de las anquilosadas redes de transporte, depuración de aguas y así un largo etcétera.

De acuerdo con los estudios de Seopan, esos proyectos tendrían un impacto de entre 700.000 y un billón de euros en actividad económica durante una década. En términos de empleo se generarían entre medio millón y 750.000 nuevos puestos de trabajo. Para ello, añaden, sería necesario que el nuevo ministro retome con inmediatez los proyectos que Pastor ha dejado atracados en el muelle del recorte del gasto.

Pastor tampoco ha conseguido resolver la quiebra de varias autopistas radiales de Madrid. Promotores, banca y administración continúan negociando una salida desde hace meses. Sólo la mejora del tráfico fruto de la actividad económica parece un elemento positivo en una situación enquistada.

El tren y Correos, a la espera

La finalización de varias líneas de AVE que están pendientes de construcción (Galicia, País Vasco, Murcia, Granada, Castellón) son otra de las asignaturas que Pastor dejó pendientes de examinarse y que obligarán a su sucesor a bucear en la resolución. Tampoco esta legislatura ha permitido iniciar la liberalización del ferrocarril, tal y como el Partido Popular deseaba. El proyecto preveía que en 2014 se celebrase el concurso para adjudicar el primer competidor de Renfe en el llamado corredor Madrid-Levante, pero el asunto también permanece estancado.

Pastor, explican funcionarios críticos del propio ministerio, sólo ha sacado adelante el concurso de nuevo material ferroviario para la compra y mantenimiento de más trenes de alta velocidad. Un contrato valorado en unos 2.600 millones de euros deberá resolverse en octubre próximo.

Por si todo eso fuera insuficiente para calificar la gestión de la exministra, desde la oposición se recuerda su fracaso en la modernización de Correos, donde el ente público sigue sometido a constantes sanciones por el incumplimiento de las normas de liberalización del sector y el uso de los recursos públicos para competir con el ámbito privado de la mensajería, entre otros.