La CUP quiere cargarse todos los planes directores urbanísticos desde 2009

La CUP vuelve a marcar perfil, en esta ocasión en el ámbito territorial. Los antisistema han presentado una moción, que será debatida en el pleno del Parlament de la próxima semana, con la que pretenden revocar todos los planes directores urbanísticos aprobados por el Govern desde 2009. De prosperar esta iniciativa, se bloquearía el desarrollo de infraestructuras viarias, de centros logísticos y comerciales, la ampliación del Circuito de Montmeló y la instalación de áreas residenciales.

En el texto, presentado por los diputados Mireia Boya y Sergi Saladié, la CUP propone “la moratoria de todos los planes directores urbanísticos en tramitación en los actuales términos procedimentales y metodológicos, hasta que se apruebe la nueva ley de territorio”.

Evaluación ambiental

Los cupaires quieren que estos planes se incluyan en esa futura legislación con la finalidad de garantizar que “responden al bien común e incorporen, de manera vinculante, los procesos de participación ciudadana y la evaluación ambiental estratégica con informe propuesta obligatorio, así como su debate y consenso parlamentario previo a la aprobación definitiva”.

Así, la medida propuesta implicaría la revocación y revisión del plan director urbanístico del Circuito Barcelona-Catalunya, que incluye la ampliación de la instalación deportiva de Montmeló. También se pretende bloquear el plan director del Delta de Llobregat, que delimita la implantación de actividad económica en el perímetro del parque agrario de esta zona. Ambos planes han sido aprobados este año.

Actividades científicas y hoteleras

Asimismo, los antisistema quieren revocar el plan urbanístico para la delimitación y ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprobado en 2014 y que supone la construcción de 4.000 viviendas y 262.683 metros cuadrados dedicados a actividades científicas, hoteleras y comerciales.

La moción hace referencia al plan director urbanístico para el desarrollo de infraestructuras viarias, ferroviarias y logísticas de las comarcas del Alt y Baix Penedès, aprobado por la Generalitat en 2012, así como a los planes directores de las áreas residenciales estratégicas, que se remonta a 2009.

Los antisistema exigen que, en un plazo máximo de tres meses, se presenten en el Parlament los proyectos de ley de territorio y del suelo de uso agrario.

Nuevo órdago para JpS

La propuesta de la CUP supone un nuevo órdago para Junts pel Sí, dado que ERC no ve con malos ojos esa nueva planificación territorial, mientras que Convergència la rechaza. Y tal como sucedió con la reciente votación sobre las subvenciones a los colegios que segregan por sexo, ambas formaciones podrían votar por separado. Por ello, es previsible que JpS intente transaccionar un nuevo texto para evitar ese cisma interno y frenar la espiral de presión que la CUP está ejerciendo sobre el Govern en materia secesionista, social y territorial.

La moción cuenta con el rechazo de PSC, CSQP --la derogación del plan del Delta afecta a una comarca, la del Baix Llobregat, con gran presencia de ICV--, PP y Ciudadanos.