El PP de Madrid se resiste a adoptar mecanismos de transparencia en la contratación pública

El Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid quiere evitar a toda costa perder el control que actualmente tiene sobre el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, dependiente de la Consejería de Economía, y que el mismo PP ha dotado de la función de gestionar los temas de transparencia a la espera de que se apruebe una nueva ley de transparencia.

Esta nueva función del tribunal, que anteriormente dependía del ahora suprimido Consejo Consultivo, queda lejos de los criterios de independencia y transparencia que deberían regir la contratación pública. Y el próximo jueves se debatirá en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Todos los grupos políticos con representación en la cámara autonómica --salvo los populares-- se han negado a aceptar el proyecto legal del Ejecutivo liderado por Cristina Cifuentes, y voces internas aseguran a Crónica Global que es una medida "barniz" para que el PP pueda seguir controlando la contratación pública en la comunidad.

Tímida reforma

El proyecto del PP, además de estas nuevas funciones, cambia el modo de efectuar los nombramientos de los vocales. Hasta ahora --si no se aprueba la ley-- son dos vocales y un presidente, funcionarios de la Comunidad de Madrid propuestos por la Consejera de Economía y ratificados por el Consejo de Gobierno en base a unos perfiles básicos, abiertos a la discrecionalidad final.

Lo que proponen ahora es que el Gobierno abra un concurso de méritos entre los funcionarios, pero que la elección de los mismos dependa de los administrativos que están solo un eslabón por debajo del Gobierno y que, a todas luces, son cercanos al PP. Finalmente, la Asamblea pasaría a ratificar con una mayoría de votos la elección de los vocales.

Se trata, en definitiva, de un concurso de méritos muy dirigido, en la que el Ejecutivo popular seguiría controlando el "filtro importante" y, después, la Asamblea se limitaría a ratificarlo.

La oposición se moviliza

Ciudadanos fue el primer partido en criticar a finales de 2015 la falta de un órgano independiente que arbitre en la contratación pública. De momento, ya ha registrado enmiendas parciales orientadas a garantizar la independencia efectiva de este árbitro, de modo coherente con otras medidas de regeneración que vienen proponiendo.

El PSOE, por su parte, trata de sacar adelante un borrador de ley de transparencia con un comisionado que velase por estas funciones, independientes del órgano de tratación.

Podemos, a diferencia de PSOE y C's, ha presentado una enmienda a la totalidad que será debatida este jueves en el pleno de la Asamblea sin expectativas de que prospere. Tanto PP, como PSOE y C's se oponen a dicha enmienda por diversas razones. Entre otras cuestiones consideran que significaría regresar a "un Tribunal de contratación todavía menos independiente", además de que supondría empezar de cero tras muchos meses de trabajo, volviendo a definir qué ente asume las funciones de transparencia.

Una ley estatal en 'stand-by'

Además de los partidos de la oposición, la Unión Europea ya advirtió a España en el último informe sobre la percepción de la corrupción de 2014 de la falta de independencia de los árbitros que deben discernir sobra la contratación pública. Fruto de ello, se desarrolló en 2015 una nueva ley estatal de regulación jurídica del sector público que no está en vigor por la falta de un nuevo Gobierno central.

No deja de sorprender que Madrid, una de las comunidades donde más casos de corrupción se han destapado, sea de las únicas que no dispone aun de ley propia.