La CUP renuncia a la lucha social para abrazar la bandera

La independencia como método para transformar la sociedad. Este es el eje de la acción política de la CUP, una formación antisistema que estaba llamada a marcar el paso del nuevo Gobierno catalán. Sin embargo, poco o nada queda de aquel empuje inicial --diez diputados mantuvieron paralizada Cataluña-- pues el acuerdo firmado entre Junts pel Sí y la CUP comienza a ser papel mojado. No habrá secesión en 18 meses, como tampoco habrá leyes de desconexión a corto plazo. Y, ni mucho menos, desobediencia a los tribunales españoles por parte del ejecutivo de Carles Puigdemont.

Ante esta situación, los antisistema han redoblado la presión y, tras presentar su propia hoja de ruta secesionista, que incluye dar voz a la ciudadanía --"hay que volver a salir a la calle", aseguran--, acaban de presentar en el Parlamento catalán una iniciativa donde pretenden recuperar la radicalidad secesionista. Quieren plazos, presupuesto y compromiso de cumplimiento. Y lo quieren ya. En esa moción, la lucha de clases o la mejora de políticas sociales brilla por su ausencia. Definitivamente, la CUP parece haber dejado en manos de otras fuerzas como Podemos la reinvindicación social, aunque el electorado catalán le castigue. En la último barómetro de la Generalitat, la cupaire Anna Gabriel baja en valoración, mientras que el voto de Catalunya Sí Que Es Pot se dispara.

Pero los cupaires se guardan un as en la manga: la movilización ciudadana. No hay que olvidar que son expertos en ello, pero en las negociaciones previas a la investidura de Puigdemont, Junts pel Sí arrebató a la CUP un compromiso de pax social. Nada de huelgas salvajes o altercados callejeros, exigieron CDC y ERC.

'Think tank'

Y es que la faceta parlamentaria de los antisistema ha hecho olvidar rápidamente el historial de lucha social de esta formación, eminentemente municipalista. La faceta política de la CUP solo es la punta del iceberg de una amplio conglomerado de entidades y asociaciones, algunas de amplio historial reivindicativo, que funcionan a modo de think tank en la elaboración del discurso político y programático de esta formación. Algunas responden ideológicamente a la izquierda más radical, otras son más conservadoras.

Esas entidades, que forman parte del denominado Grupo de Acción Parlamentaria (GAP) son Arran, Col·lectiu Drassanes, Constituents per la Ruptura (a la que pertenece la monja Teresa Forcades), Coordinadora Obrera Sindical (el brazo sindical de la CUP que apoyó las huelgas de transporte durante el MWC de este año, al que pertenece Tomàs Sayes), Corrent Roig, Crida Constituent, En Lluita (que se definen como trotskistas), Endavant OSAN (donde milita Anna Gabriel, contraria al pacto con JxS), Lluita Internacionalista (LI), Poble Lliure (al que está afiliado Albert Botran, favorable al pacto con JxS) y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (la cantera de la CUP que controla Xavier Monge, otrora protagonista de graves altercados estudiantiles).

Clase media y universitarios

Curiosamente, la mayoría de las caras visibles de la CUP no milita en ninguno de esos grupos, cuyos orígenes, en algunos casos, se remontan a los años ochenta, cuando los movimientos independentistas, una vez desmantelada Terra Lliure, intentaron reagruparse en torno a la Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista e incidir en los gobiernos municipales a través de las llamadas candidaturas o colectivos de unidad popular. Lo hicieron al margen de ERC, a la que ven sometida al establishment.

Actualmente, la CUP se divide en 155 asambleas locales y 13 territoriales. Tienen unos 400 concejales repartidos por el territorio catalán y gobiernan en 32 alcaldías. Según una encuesta interna de la CUP, el perfil del militante es el de una persona de entre 29 y 46 años, casado o con pareja estable, de clase media, con estudios universitarios, que se define políticamente de izquierdas y que trabaja por cuenta ajena. El 93% declara que su lengua habitual preferente es el catalán.