El CAC expedienta a la televisión independentista El Punt Avui por bajo rendimiento
La cadena no ha cubierto las 60 horas de información local semanal a las que estaba obligada por contrato; la multa podría ascender a 90.000 euros
24 marzo, 2016 16:58El Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de los contenidos audiovisuales que se emiten en la comunidad autónoma, ha abierto un expediente sancionador a El Punt Avui TV por no cumplir con las 60 horas de información local semanales a las que se comprometió por contrato.
El CAC ha aprobado abrir un periodo de información previa al prestador de servicios de comunicación audiovisual Red de Servicios y Comunicaciones 2014, SL, que emite bajo la marca comercial El Punt Avui TV, para que formule las manifestaciones que considere oportunas y es previo a la eventual incoación de un expediente sancionador.
El año pasado, Sociedad Civil Catalana denunció que El Punt Avui TV emitía prácticamente los mismos contenidos en sus siete frecuencias locales, que cubren un 80% de la audiencia potencial de Cataluña, "convirtiéndose de facto en una televisión autonómica".
Solo 4 horas
El CAC inició la actuación de oficio al comprobar que el canal de El Punt Avui TV de la demarcación de Barcelona no cumplía el compromiso particular con respecto al número de horas semanales de programación de proximidad. En concreto, el compromiso particular supone la emisión de 60 horas semanales de programación de proximidad.
El CAC, que analizó una muestra correspondiente al periodo entre el 21 y 27 de abril de 2015, constató la emisión de tres programas, incluyendo las redifusiones, que solo sumaban un total de 4 horas y 13 minutos.
Las sanciones
El eventual incumplimiento de la obligación de emitir 60 horas semanales de programación de proximidad sería constitutivo de una infracción grave, contemplada en la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña y que puede ser sancionada con una multa de entre 12.001 y 90.000 euros.
Una de las misiones del CAC consiste en evitar que la concesión de recursos públicos como es el espacio radioeléctrico se destine únicamente a fines políticos y puedan recaer en sociedades que no reúnen condiciones de calidad y de profesionalidad, ni capacidad empresarial, suficientes como para cumplir con los objetivos.