Puigcerdà, con el agua al cuello por los errores del exalcalde Carretero

El Ayuntamiento de Puigcerdà (Girona) tendrá que pagar dos millones de euros a dos empresas en concepto de indemnizaciones por errores urbanísticos cometidos durante el mandato de Joan Carretero.

El exalcalde y exconsejero de Gobernación de ERC, partido que abandonó para fundar Reagrupament --partido coaligado actualmente con CDC-- ha dejado a su municipio con el agua al cuello, pues el consistorio se verá obligado a pedir un préstamo bancario para hacer frente al pago de esas indemnizaciones, según han explicado a Crónica Global fuentes municipales. El presupuesto anual del Ayuntamiento asciende a unos 10 millones de euros.

Zona industrial

Una de esas indemnizaciones tiene como destinataria a la empresa Supeco-Maxor (actualmente absorbida por Carrefour), a la que el gobierno municipal otorgó en 2003 el permiso para instalar en Puigcerdà una gasolinera, la ampliación de una zona de aparcamiento y también de la superficie de venta.

Sin embargo, varios particulares presentaron un recurso contra esa autorización alegando que no se podía dar uso comercial a unos terrenos calificados como zona industrial. La justicia dio la razón a los recurrentes, lo que obligó al ayuntamiento a ordenar el derribo de las obras que ya había comenzado a construir Supeco-Maxor. A partir de ahí se abre un largo proceso de requerimientos y demandas judiciales.

Proceso judicial

La empresa reclamó una indemnización, desestimada por el consistorio, por lo que presentó un recurso en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Girona. El juez entendió que el caso había prescrito y dio la razón al gobierno municipal en diciembre de 2013 en una sentencia recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que acaba de fallar a favor de la empresa.

El tribunal condena al ayuntamiento a pagar una indemnización de 630.000 euros. El Consistorio ha presentado una aclaración respecto al cálculo de los intereses incluidos en esa cifra, 168.000 euros, por lo que confía en que, finalmente, la indemnización se quede en 566.000.

Recurso

Pero no se acaban aquí los quebraderos de cabeza del alcalde actual, Albert Piñeira (CDC). En septiembre de 2015, un juez de Girona condenó al Ayuntamiento de Puigcerdà a pagar 1,4 millones de euros a la empresa Bon Preu, a la que se concedió en 2002 una licencia para construir un centro comercial. Pero en 2009, la justicia ordenó derribar las obras porque el consistorio nunca llevó a cabo la modificación de las condiciones urbanísticas necesaria para poder emprender el proyecto. En este caso, la sentencia no es firme, pues ha sido recurrida por el ayuntamiento.