¿Le conviene a Artur Mas que el caso del 9N se traslade al Supremo?

Los abogados de Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs están reformulando su estrategia de defensa del caso 9N en función, entre otras cosas, de los cambios que se han producido en la cúpula judicial de Cataluña: por un lado, el relevo de Miguel Ángel Gimeno al frente del alto tribunal catalán, y por otra, la marcha del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, que ha conseguido plaza en el Tribunal Supremo.

Además, la Fiscalía de Cataluña ha pedido la imputación del diputado de Democràcia i Llibertat (CDC) Francesc Homs, que era consejero de la Presidencia en el momento de producirse los hechos. Si el TSJC acepta la imputación, el caso, en tanto que Homs es aforado, debería trasladarse total o parciamente al Tribunal Supremo. Esa es la disyuntiva que los imputados (investigados) tienen sobre la mesa en este momento: "¿Dónde nos tratarán mejor?".

CDC, poco infiltrada entre jueces

CDC, como el propio ex president Pujol ha reconocido públicamente, mantiene escasos vínculos y flujos de información con la estructura judicial, mayoritaria e históricamente amparada por el sector conservador. También en Cataluña prima 'la derecha' entre jueces y fiscales aunque desde hace ya muchos años el 'sector rojo', minoritario pero beligerante y, en muchos aspectos, clave, se ha erigido como en una especie de 'ínsula barataria' donde anidan algunos relevantes juristas y operadores de marcada ideología izquierdosa y de acreditada irreverencia.

Por lo tanto, por conservadores y centralistas, o por 'rojos', en todo caso, unos y otros, resultan gente incómoda y poco confortable para los moradores convergentes de eso que se ha dado en llamar el oasis catalán.

Poco donde elegir

Un ejemplo claro de la falta de repertorio afín entre jueces y fiscales quedó evidenciado ante las dificultades de CDC para encontrar un candidato para el cargo de director de la Oficina Antifraude.

El único nombre sobre el que de verdad apostaron fue el del fiscal Victor Alegret, un funcionario de perfil bajo, que había cometido la torpeza y la osadía de disputar a Teresa Compte el cargo de fiscal superior en sustitución de José María Mena y sólo obtuvo el apoyo del 2% del ministerio publico catalán.

Gordó, de capa caída

El ex consejero de Justicia Germà Gordó ha pasado por ser el eslabón que unía la leve conexión entre el mundo de CDC y el de los jueces y fiscales. Se trata de unos galones, trabajados durante años, en sus fiestas de la Cerdanya, con el determinante papel de su esposa, Roser Bach, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante años, Gordó tranquilizaba a la parroquia convergente, con un discurso en el que trataba de demostrar (o al menos aparentar) que tenía a jueces y fiscales comiendo en su mano. Y algunos (muy pocos) comían y otros (tampoco demasiados) simplemente, tonteaban.

El control de la justicia

Sea como fuere, la sensación que se trasmitía era que Gordó podía garantizar un cierto conocimiento y control de los jueces y fiscales clave en Cataluña o, lo que era más importante, el control o al menos el conocimiento de sus diligencias de investigación. Esa era la idea que Gordó gustaba transmitir. Le hacía sentir y parecer poderoso.

El anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, mantenía una cordial relación con el matrimonio Gordó. El presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, lo mismo. Y así otros jueces, magistrados y fiscales, incluido algún destacado miembro del Supremo.

Barrientos 'el desconocido' para CDC

Pero els statu quo judicial ha cambiado. Gimeno ya no está. Ya no manda. Ya no decide (Miguel Ángel Gimeno presentó un voto particular contra la sentencia condenatoria del TSJC contra el ex alcalde de Lloret y diputado de CiU Xavier Crespo, condenado por soborno).

Su sustituto es José María Barrientos, juez inequívocamente conservador, lo que a priori le aproximaría a la órbita del PP o a las estructuras de decisión del Gobierno de Rajoy. Pero Barrientos no es un juez servil. Sus compañeros de tribunal le consideran un magistrado de perfil técnico y riguroso, al margen de su concreta y particular ideología política.

En este estado de las cosas, hay quien dice que los abogados de Mas, Rigau, Ortega y, eventualmente, Homs estudian si les conviene más un caso en el TSJC o en el Tribunal Supremo.

Madrid o Barcelona

Solo plantearse esta disyuntiva (con la que trabajan los imputados), no deja de ser chocante y ridícula toda vez que a los barones convergentes se les ha llenado la boca, históricamente, pidiendo que la última instancia judicial para Cataluña tenía que ser el TSJC.

Buscar refugio en el Supremo sería de juzgado de guardia. Pero en todo caso, y con independencia del ridículo público al que estarían sometidos si instaran o reclamaran la inhibición de la sala civil y penal del TSJC a favor del Supremo, saben y tienen en cuenta que el Supremo es un órgano conservador en lo ideológico, pero también en lo procedimental. Al Supremo no le gusta hacer ruido, ni pisar callos, ni estar en boca de la gente. Por lo tanto, sus decisiones acostumbran a ser templadas. Y esa filosofía puede ser un mal menor para Mas y los demás.

Pero en Convergència son esclavos de sus palabras y, aunque se sabe y se nota que el 'factor Gordó' pierde protagonismo y ya no es el eslabón que 'conecta' sino que se trata de un 'eslabón perdido', cunde la impresión de que, de momento, se apuesta por un más vale malo conocido que bueno por conocer, sobre todo si lo supuestamente mejor, está en Madrid.