Entre los años 2009 y 2010 estalló el caso Pretoria, un escándalo de corrupción política y urbanística que tenía su epicentro en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y que situaba al ex diputado socialista, Luis García, conocido como Luigi, al exsecretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y al exconsejero de Economía Macià Alavedra como sus máximos responsables.

La trama puso al descubierto cómo se amañaron contratos millonarios de distintas administraciones con la intermediación de comisionistas.

En septiembre de 2009, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había interceptado los teléfonos de los principales sospechosos por orden del juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Llamada reveladora

A las 15 horas y 3 minutos del día 15 de septiembre del 2009, Luigi descolgó su teléfono. Le acababa de llamar el exconsejero de Educación de la Generalitat de Cataluña y, entonces ya, presidente de la filial catalana de la constructora Grupo Ortiz, Joan Maria Pujals.

La Guardia Civil tomó buena nota de esta conversación. Era evidente que no era la primera que mantenían Luigi y Pujals. Los dos se conocían bien y, por lo que se intuía, ya habían “negociado” sobre obras y contratos, y sobre licitaciones y concursos públicos, manejando una información absolutamente reservada a la que jamás debería de haber tenido acceso una empresa aspirante o concursante. Ambos hablan de un millonario contrato de obras que el Ayuntamiento de Santa Coloma tenía a punto de sacar a concurso.

Tráfico descarado de información

“La cosa pinta mal”, le dice Luis García a Pujals. “Se han presentado 18 empresas. Más barato que nosotros son nueve. Tenemos por delante a algunos como FCC, que ha hecho una oferta terrorífica. La oferta de Fomento es de 2.950.000 y la nuestra de 3.140.00 euros. Pero es que incluso Proinosa es más barato, 2.766.000”.

“Tranquilo, Pujals, yo me ocupo”

Pujals le muestra su preocupación por esta situación. “Estate tranquilo”, le dice Luigi. “Tengo el primer CD con el proyecto. Ya tengo una copia, te llamo y quedamos”.

Ese mismo día, a las 18.9 horas, Luigi, de nuevo, recibe una llamada telefónica de Pujals. La Guardia Civil la escuchaba con atención.

Pujals le dice que ha hecho una simulación del proyecto “que nos ocupa y que sólo estamos a seis puntos de Fomento y que, por lo tanto, si rebajamos cinco, entramos en la batalla”. Luigi le responde: “Tú no sufras, ya me lo guiso, a ver cómo me lo monto”. A lo que Pujals responde: “Lo dejo en tus manos”. Luigi concluye: “Las cosas son así, me cago en la puta”.

El descaro de quien se creía impune

Resulta evidente, a ojos de la Benemérita, que “esta información que Luis García comparte con el empresario [Joan Maria Pujals] debería circunscribirse al ámbito de conocimiento municipal”. Los agentes de la UCO se mostraban perplejos por la forma con la que Luigi administraba y traficaba con información de contratos públicos.

Así se menciona, de forma expresa, en un informe policial que obra en el sumario de la operación 'Pretoria' datado el 27 de noviembre y cuyo destinatario fue el jugado número 5 de la Audiencia Nacional.

En ese mismo informe se especifican todas las gestiones sospechosas que Alavedra y Prenafeta realizaron entre empresas, y entre éstas y administraciones, para facilitar contratos de obra pública concedidos en extrañas circunstancias.

El País demuestra la mordida

En 2009, el grupo Ortiz mantenía con esa rama de comisionistas vinculada al PSC y a CDC una línea viva y fluida de colaboración.

Ahora se ha sabido, gracias a una investigación del diario El País, que en 2010 el grupo Ortiz pagó 400.000 euros a la fundación convergente CatDem como requisito para acceder a contratos públicos. Según esta información, que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder, a partir de la oficialización del pago, el Grupo Ortiz, presidido por Pujals, empezó a recibir contratos de administraciones convergentes bajo los primeros gobiernos de Artur Mas.

Se ignora el motivo por el que Garzón, que llegó a detener y a esposar a Luigi, Prenafeta y Alavedra, no imputó al antiguo consejero de Educación cuando las evidencias aportadas por la Guardia Civil eran palmarias.