El juez retira el pasaporte al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar por el 'caso 3%'

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, ha dejado en libertado con cargos y ha ordenado retirar el pasaporte al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, tras tomarle declaración por una presunta trama corrupción orquestada por el partido nacionalista para el cobro de comisiones ilegales.

Osàcar se ha negado a declarar ante el juez --igual que horas antes ha hecho ante la Guardia Civil-- argumentando que la causa está bajo secreto de sumario y desconoce, por tanto, de qué se le acusa exactamente.

El abogado del ex dirigente de CDC, Xavier Melero, ha explicado a los medios, a la salida del juzgado, que presentará un recurso ante la Audiencia de Tarragona porque considera "desproporcionada" la medida cautelar de retirar el pasaporte.

Mientras Mas comparecía en el Parlament

La detención de Osàcar se ha producido a primera hora de este viernes, dos días después de la del actual tesorero de CDC, Andreu Viloca --que este jueves ha quedado ingresado en prisión sin fianza por el riesgo de destrucción de pruebas--, de la del director general de Infraestructures de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y de la de otra decena de personas, mayoritariamente empresarios, en el marco de la operación 'Petrum III'.

Además, este arresto ha coincidido con la comparecencia a petición propia del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ante la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre los registros policiales a la sede de su partido, CDC, por supuestas mordidas del 3% en la contratación de obra pública.

Implicado en el 'caso Palau de la Música'

Osàcar --que mantiene despacho en la sede de CDC en Barcelona aunque fue sustituido como tesorero por Viloca en 2010-- también está implicado en otro caso sobre presunta financiación ilegal del partido, en concreto en el denominado 'caso Palau de la Música'.

Por esta trama --consistente en supuestas comisiones ilegales por parte de Ferrovial a CDC a cambio de obras públicas--, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él una pena de siete años de prisión.