El tesorero de CDC, Andreu Viloca, ha pasado su primera noche en prisión, después de que así lo ordenara este jueves el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, de forma incondicional y sin fianza.
Viloca fue detenido el miércoles en el marco de la operación ‘Petrum III’, junto a otras once personas, entre ellas, el director general de Infraestructures de la Generalitat, Josep Antoni Rosell.
La operación --que todavía está abierta-- gira en torno a presuntos pagos de comisiones ilegales por parte de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones de obras y contratos públicos.
Objetivo: evitar la destrucción de pruebas
El juez atribuye indiciariamente a Viloca seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, falsedad documental, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.
Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda habían solicitado la prisión sin fianza para el tesorero de CDC con el objetivo de evitar que pudiera descubrir pruebas, puesto que tenían sospechas de que así lo había hecho antes del registro policial del pasado 28 de agosto. La Guardia Civil encontró en su despacho documentos sensibles que el propio Viloca había destruido.
Libertad sin fianza para los dos empleados de CDC
Por otra parte, a lo largo de la jornada del jueves, el juez ha dejado en libertad con cargos y sin fianza a los otros dos empleados de CDC detenidos el miércoles: el secretario del patronato de la fundación CatDem, Carles del Pozo, y la administrativa Anna Dolors Benítez.
Tres de los empresarios detenidos también han quedado en libertad con cargos, en concreto, Antonio García Bragado, Josep Manel Bassols --marido de la comisionada para la Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols-- y José Luis Romero. Aunque ninguno de ellos ha declarado aún ante el juez.