La consejera de Enseñanza en funciones de la Generalidad, Irene Rigau, se ha negado a contestar las preguntas de la Fiscalía durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como imputada por haber organizado la consulta del 9N pese a estar prohibida por el Tribunal Constitucional (TC). Tampoco ha respondido a la acusación particular, de Manos Limpias. Se ha limitado a contestar las preguntas que le ha realizado el juez.
En declaraciones a los medios, la dirigente nacionalista ha justificado su actitud contra la Fiscalía por su "cambio de criterio", al considerar inicialmente que ni ella ni los otros imputados --el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega-- habían cometido ningún delito, pero después entender que sí había indicios de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
Apoyada por el resto del Govern
Ante el juez, Rigau ha asegurado tener "tranquilidad de conciencia" por haber organizado el 9N --"cumplí el mandato del Parlament"-- y ha rechazado todas las acusaciones que se le atribuyen. Según la consejera, ella no dictó ninguna resolución dando instrucciones a los directores de los colegios para colaborar en la consulta independentista.
Rigau ha acudido al tribunal rodeada del resto de consejeros del Govern y de un buen número de diputados de Junts pel Sí y algunos de la CUP. A las puertas del edificio, varios cientos de simpatizantes la han aclamado y han coreado gritos de independencia.