Gran expectación por la comparecencia de Rato ante el juez

Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, declara esta mañana en calidad de imputado ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Se le atribuye la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares por presuntas irregularidades detectadas en su patrimonio de las que tendrá que responder, a partir de las once de la mañana.

El fiscal, de momento, no ha pedido medidas cautelares para el imputado.

Rato fue conducido ante la Guardia Civil el pasado jueves y sometido durante más de cuatro horas a las preguntas de los agentes mientras que dos de sus más estrechos colaboradores --su secretaria personal, Teresa Arellano, y el supuesto testaferro, Miguel Ángel Montero-- no tuvieron la misma suerte y permanecieron dos días en calabozos antes de pasar a disposición judicial.

Cambios profundos en la causa

En tan sólo tres días la instrucción de la causa sufrió un fuerte impulso y el procedimiento pasó de tener tres a nueve imputados, cuatro de ellos, directivos de empresas de publicidad que se beneficiaron de contratos con Bankia.

El juez continúa avanzando en la investigación a pesar de su evidente deseo por desembarazarse de ella. El pasado viernes, después de dejar en libertad a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales, dictó un auto en el que solicita al Tribunal Supremo que decida sobre la competencia que, en su opinión, debería ser de la Audiencia Nacional.

Tres líneas de investigación

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Comisiones por las campañas publicitarias

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su ex mujer, Ángeles Alarcó, presidenta de la empresa pública Paradores. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".    

Nueve imputados

La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, --el único que ha sido enviado a prisión-- y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante  quien Serrano-Arnal se inhibió sin éxito, por el momento, mantiene imputado a Rato por la fusión y posterior salida a bolsa de Bankia y por las tarjetas black utilizadas por los directivos de dicha entidad.