Transports de Barcelona, la empresa pública que explota el autobús urbano de la capital catalana, tiene el coste salarial por empleado más elevado de las 25 capitales de provincia más pobladas de España. La empresa pública municipal tuvo en el último ejercicio un gasto total en el capítulo de personal de unos 202 millones de euros. Con una plantilla de 3.850 empleados, esto supone un coste medio por trabajador de 52.430 euros anuales, un 23,8% más que la media de las 25 ciudades analizadas, que se sitúa en 42.366 euros por empleado.

Tras Barcelona, las capitales de provincia con mayor gasto salarial medio en sus empresas de autobús urbano son Málaga, Bilbao, Valencia y San Sebastián, con unas desviaciones sobre la media de las 25 empresas analizadas que van del 16,7% al 12,7%. En el otro extremo se sitúan Zaragoza, con un gasto por empleado de 27.102 euros anuales --casi la mitad que en Barcelona-- y, sobre todo, Albacete, con solo 14.346 euros por trabajador. La empresa del transporte urbano de Madrid, con una plantilla de 8.495 personas, soporta un coste medio de 46.985 euros por trabajador.

No se aprecia una correlación clara entre el gasto medio por empleado de estas empresas de transporte y su titularidad --pública o privada-- o su tamaño en número de trabajadores.

Polémica que no es nueva

El coste en remuneraciones que supone para las arcas municipales Transports de Barcelona ya ha ocasionado polémica en otras ocasiones. El mes pasado, el grupo municipal de la CUP pidió explicaciones por lo que considera una "opacidad" en el nombramiento de cargos directivos y en sus sueldos en la empresa pública. El partido de la izquierda alternativa denunció que un 8% de la plantilla recibe una remuneración fuera de convenio, que no se da a conocer públicamente. Añadió que Transports de Barcelona se ha convertido en el “cementerio de elefantes donde se jubilan antiguos cargos electos” de los ayuntamientos del área metropolitana.

 

Esta denuncia tiene sus raíces en el largo conflicto laboral en Transports de Barcelona durante el mandato anterior, con recurrentes convocatorias de huelga. Durante el conflicto, los sindicatos acompañaron sus exigencias económicas con la queja sobre las remuneraciones de los directivos. Desde la empresa se replicó que había habido recortes en este capítulo, mientras que, en cambio, los sueldos de los trabajadores habían crecido por encima del IPC.

Controvertido nombramiento

El gobierno municipal de Colau sí ha aplicado alguna medida de austeridad en las remuneraciones de los cargos de los transportes públicos barceloneses. A principios de agosto nombró como consejero delegado de Transports Municipals de Barcelona (TMB, empresa pública en la que está integrada Transports de Barcelona) al ingeniero Enrique Cañas Alonso. Su sueldo es de 105.938,25 euros brutos anuales, lo que supone "una rebaja de cerca del 40%" sobre el de su predecesor, como se encargó de señalar el consistorio en el momento de su nombramiento.

Se da el caso, no obstante, de que Alonso fue destituido de forma fulminante en un cargo análogo al frente del transporte municipal en Zaragoza, tras apenas un año en su puesto. Este nombramiento ilustra las dificultades que está encontrando el equipo de Colau para encontrar profesionales de alto nivel, por su apuesta de reducir las remuneraciones de los cargos directivos.

Fiasco con el metro de Oporto

También controvertido fue el caso del fallido contrato con Oporto. En agosto, la firma catalana Moventia y TMB -que participaba al 33%- perdieron una concesión de 400 millones para explotar el metro de la segunda ciudad portuguesa. La empresa afirmó que la rescisión se produjo de mutuo acuerdo y por "circunstancias sobrevenidas durante el proceso administrativo de contratación". También aseguró que -en contra de lo que se había afirmado hasta entonces- la rescisión supusiera un coste para la sociedad o las arcas municipales de Barcelona.

Por último, y según publicó este medio también en agosto, el Gobierno municipal de Ada Colau se está planteando suprimir el servicio de bus turístico de la ciudad, o al menos reducirlo a la "mínima expresión". Tanto el servicio público, que perdió un 5,4% de viajeros en el primer trimestre del año, como el privado, que perdió un 3%, y cuya concesión caduca en breve.