Rafael Catalá ve improbable la suspensión de la autonomía catalana

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confía en que "el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña" evitará que se llegue a "una situación de crisis y conflicto" que obligue a aplicar el artículo 155 de la Constitución, o sea a suspender la autonomía. Un proceso complejo y dilatado que considera que nunca se pondrá en marcha.

Si tras el 27S, Artur Mas adopta decisiones para las que no tiene competencias, como una declaración unilateral de independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional. En el caso de que se incumplieran las decisiones del alto tribunal y se siguiera adelante, "es ahí donde pueden surgir delitos de desobediencia y prevaricación", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Un escenario de máximos

Aunque el artículo 155 de la Constitución "está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho", por lo que hacer uso de esta norma constituye un "escenario teórico y de máximos".

Es un mecanismo previsto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones autonómicas cuando se produce un conflicto institucional. "Ese es el objetivo del 155, es un escenario en un conflicto relevante entre Estado y autonomías y prevé un procedimiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a los gobiernos autonómicos".

Un escenario extremo de incumplimientos

Para aplicarlo --advierte-- habría que alcanzar "un escenario extremo de incumplimiento de obligaciones". "Eso hay que acreditarlo correctamente, necesita un aval político, una mayoría del Senado que lo apruebe y, a partir de ahí, el Estado central daría instrucciones a las instituciones del Gobierno autonómico para que lleven a cabo las actuaciones".

En cuanto al momento en que el Estado puede ejercer esta prerrogativa, recuerda que el mismo artículo ya lo anuncia: "En el momento en el que un gobierno autonómico incumple reiteradamente sus obligaciones por el TC o el propio Gobierno".

Primero, recurrir al Tribunal Constitucional

El Ministerio de Justicia maneja así un plan que prevé varios niveles de actuación. En el caso de que el Gobierno catalán avance hacia un proceso que pretenda desembocar en la independencia, recurrirá al alto tribunal como primera barrera y dejará para un segundo nivel el recurso a procesos penales. Un proceso semejante al emprendido con motivo de la consulta del 9N. Primero, el Constitucional y, después, si hay indicios, la justicia penal.

En última instancia, como última barrera, se sitúa el artículo 155. Catalá precisa que hacen falta "muchos pasos" para llegar a este  punto y ha confiado en que se encontrarán "medidas y soluciones para las situaciones de tensión". Para recurrir a esta prerrogativa debería producirse "un gravísimo conflicto institucional" lo que no constituye "el normal funcionamiento de las reglas del juego". "Hay que tener la sensatez y prudencia por parte de todos en el debate político para no llegar a este extremo", ha recalcado.