La renta garantizada del PSC: 453 euros al mes como mínimo en 2016

El debate para crear la Renta Garantizada de Ciudadanía es uno de los tres en curso que no decaerán al final de la legislatura en Cataluña al pivotar sobre una iniciativa popular legislativa que quiere convertirse en ley. El Gobierno de Artur Mas se vio obligado a abrir la propuesta tras la presentación en el Parlament de más de 5.000 firmas que lo pedían y el Ejecutivo que salga de las urnas el 27 de septiembre deberá retomarlo, junto a la de ley electoral y la norma sobre la educación.

Algunos partidos han decidido incluir en su programa las propuestas que quieren defender, como el PSC. El documento de trabajo socialista tiene un punto de partida muy claro: que en 2016, aunque los presupuestos estén prorrogados, la prestación básica alcance como mínimo los 453,8 euros.

La candidatura encabezada por Miquel Iceta defiende que la renta mínima de inserción (RMI) no debe bajar del 75% del indicador de la renta de suficiencia de Cataluña, que en 2015 llegaba a los 569,12 euros al mes (7.937,73 anuales). Esto implica un incremento de más del 6% respecto a la prestación actual, que es de 423,7 euros.

Definir la renta y el itinerario para la inserción

A todo ello se le deben sumar los complementos que los beneficiarios podrían pedir en función de su situación familiar, como los hijos que se tienen al cargo o si alguno de ellos tiene algún tipo de disminución o deban ser hospitalizados, por ejemplo. Cabe tener en cuenta que la prestación básica no implica que todos los catalanes que tengan reconocido el derecho de percibir una RMI la cobren íntegramente, el detalle de la prestación depende de la finalidad de la misma.

Otro de los factores en los que incide el PSC es en reforzar la idea de que el fin real de la RMI es la inserción en el mercado laboral de los beneficiarios. Propone definir un calendario o itinerario ocupacional para cada uno de ellos siempre y cuando la persona no necesite ser eximida de ello. Ya sea, por ejemplo, cuando está en pleno proceso de desintoxicación y no dispone de ningún amparo familiar; o las familias monoparentales, cuyas necesidades van en otra dirección.

La infancia, el foco de la protección

Además, pone el acento en que deben existir garantías reales de que en los casos en los que la infancia esté en situación de vulnerabilidad no debe existir ningún periodo de espera para recibir la ayuda pública. Algo que en teoría ya ocurre pero que desde los departamentos de servicios sociales de los municipios catalanes, los encargados de gestionar directamente las prestaciones, aseguran que no se ha cumplido en toda la legislatura tanto por el exceso de trabajo como por los errores en la gestión de la prestación.

El más sonoro fue cuando en la primera legislatura de Artur Mas como presidente de la Generalitat las familias dejaron de cobrar por un cambio de criterios para poder percibirlas o el colapso administrativo en los pagos cuando el sistema público se paralizó para actualizar la base de datos. La decisión se tomó cuando Francesc Xavier Mena era consejero de Empresa y Ocupación y en uno de los momentos más duros de la crisis: agosto de 2011.

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás para asegurar que los beneficiarios de la ayuda básica no dejaban de cobrar ese mes.

Voz y voto de patronal, sindicatos y administración local

El escenario que dibujan los socialistas también pone el acento en la necesidad de que los agentes sociales, patronales y sindicatos, intervengan en una mesa en la que se pacten cada año las prestaciones que se deben abonar. Argumentan que es una fórmula que evita que la RMI se descuelgue del resto de retribuciones del mercado.

Con la creación de la comisión interdepartamental como del comité de seguimiento el PSC quiere garantizar una fiscalización real de la evolución de la prestación. Proyectan sentar a los representantes de la administración locales, las entidades de iniciativa social y las organizaciones profesionales en esa mesa.

768 millones de presupuesto

Abonar la RMI costaría a las arcas públicas catalanas unos 768 millones de euros en función de los datos de la EPA del primer trimestre, en la que los beneficiarios superarían las 375.000 personas. El PSC avisa de que se trata de una estimación muy volátil y que depende mucho de la coyuntura. Por ejemplo, el número de beneficiarios bajaría si se tomara de referencia la encuesta del segundo trimestre.

Este plantemiento se aleja mucho de los 3,1 millones que la Generalitat presupuestó para 2015 y los 755.000 que proyectó para 2016. La diferencia en el ejercicio en curso casi equivale al presupuesto de la consejería de Justicia (818,1 millones) y no llega a los de Gobernación (245), Cultura (238), Agricultura (317) o Presidencia (415) y supone el 21% del departamento responsable, Empresa y Ocupación (969,1 millones).

Negociación con Madrid y quita de la deuda

¿De dónde sacarían los ingresos para conseguirlo? Los socialistas hablan de redistribuir prioridades y recuperar algunos impuestos, como el de sucesiones y donaciones.