Política

El Gobierno pone trabas en el TC a la "hacienda propia" de Mas

El Ejecutivo recurre un aspecto puntual de una de las principales "estructuras de Estado" que planean CDC y ERC

31 julio, 2015 20:51

El Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional para poner trabas a uno de los grandes proyectos de "estructura de Estado" de CDC y ERC, la "hacienda propia". En concreto, a las medidas previstas por la Generalitat para captar personal de Hacienda para la Agencia Tributaria de Cataluña, embrión de esta proyectada "hacienda propia".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la ley de la Generalitat por la que se crea la Agencia Tributaria de Cataluña. Este artículo abre la puerta a los actuales funcionarios de Hacienda para que se pasen a la "hacienda propia" de Mas. Pero establece como con dición que estén destinados en Cataluña. Algo que, a juicio del Gobierno, vulnera el derecho que los ciudadanos de toda España tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

El Ejecutivo explica que el artículo recurrido añade a la Ley dos disposiciones adicionales relativas a la integración voluntaria (reconocimiento del derecho) de funcionarios en el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios y de Técnicos de Gestión Tributaria, ambos de la Generalitat.

Este derecho se aplica a dos tipos de funcionarios: los que presten servicios en otras Administraciones Públicas, que tienen asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña, y a los que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo, que pertenezcan a cuerpos y escalas del subgrupo A1 o A2 de otras administraciones públicas, que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalitat o en los entes del sector público que de ella dependen.

Discriminación por no estar destinados en Cataluña

El problema, según el Gobierno, radica en el primer grupo y, concretamente, en el hecho de "requerir el destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña", pues de esta forma "se excluye el derecho de acceder en condiciones de igualdad al resto de interesados del resto de España", permitiendo a funcionarios que no prestan servicios en la Administración autonómica "acceder por integración a la función pública de ésta, lo que por otra parte constituye una manera de acceder ex novo a la función pública".

Se da la circunstancia de que, de anular el Tribunal Constitucional este punto, se facilitaría aun más la entrada de funcionarios de Hacienda en la Agencia Tributaria de Cataluña, al no necesitar estos el requisito de estar destinados en esta comunidad. El recurso, no obstante, se enmarca en la ofensiva del Gobierno en el TC ante el proyecto secesionista, y muy particularmente antes las denominadas "estructuras de estado".

Con este recurso, el Gobierno habrá llevado al TC 10 de las 47 leyes aprobadas en el Parlament en esta legislatura. Los 10 recursos se han presentado desde la segunda mitad de 2014.