Mas incumple las medidas anticorrupción a las que se comprometió hace dos años

La Generalitat no cumple sus compromisos en materia de corrupción. Esta es la conclusión a la que llega la Oficina Antifraude de Cataluña en el informe de seguimiento de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política de Parlamento autonómico de Cataluña, más conocida como ‘comisión Pujol’.

Entre otras cosas, el documento -que se ha conocido esta semana- analiza el estado de cumplimiento por parte del Govern de medio centenar de medidas propuestas por Antifraude y por el propio Ejecutivo autonómico en las cumbres sobre "regeneración democrática" celebradas el 6 y el 22 de febrero de 2013. Más de dos años después, casi una cuarentena de ellas están pendientes de ponerse en marcha, y otra docena están "en progreso".

Algunas de las medidas incumplidas por el Gobierno de Mas y que ahora le reprocha Antifraude son la "despolitización de los órganos de control y los órganos reguladores, mediante un sistema de elección de sus miembros profesional y no partidista"; el establecimiento de responsabilidad administrativa o disciplinaria para los responsables de los organismos sujetos a fiscalización que no justifiquen las medidas adoptadas en un tiempo tasado; la creación de un observatorio del gasto público; la aprobación de un "código integridad del servidor público"; el establecimiento de un régimen unificado de incompatibilidades públicas; la centralización de la selección de todos los empleados públicos a través de un organismo especializado; la despolitización de toda la estructura administrativa; la exigencia a todos los directivos públicas de la capacidad profesional adecuada a su ámbito de actuación; la reducción de los criterios subjetivos en las valoraciones de las ofertas públicas; la reducción de las cuantías de los contratos de adjudicación directa; la creación de una agencia catalana de contratación que centralice las licitaciones y adjudicaciones; la limitación de las subvenciones por concesión directa, y la creación de un registro público con datos de financiación de los partidos y sus fundaciones, entre otras muchas.