Colau cesa a la cúpula de la empresa municipal BR

El Ayuntamiento de Barcelona ha cesado a la cúpula de la empresa municipal Barcelona Regional (BR), que está siendo investigada por la fiscalía en relación a los contratos concedidos a un exsocio de quien hasta ahora era su máximo responsable, Guillermo (Willy) Müller, y en los que se podrían haber producido algunas irregularidades.

La alcaldesa Ada Colau y Janet Sanz, la cuarta teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, han tomado las riendas de la compañía mientras el consistorio desarrolla una investigación interna paralela a la del fiscal. Serán la nueva presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de BR. Esta compañía, creada en 1993 para aprovechar la experiencia adquirida en la organización de los Juegos Olímpicos, se encarga de la planificación estratégica del urbanismo y las infraestructuras del área metropolitana de Barcelona.

Decreto del viernes pasado

Aunque Colau firmó el decreto el viernes pasado, hasta esta mañana no ha trascendido la investigación de la fiscalía. Müller, que durante años fue la mano derecha de Antoni Vives, el teniente de alcalde de Hábitat Urbano durante la alcaldía de Xavier Trias, habría concedido dos contratos a Antonio Herrero, antiguo socio suyo en la firma Enter Martorell.

En cumplimiento del primero de ellos, valorado en 4.500 euros, la firma Shift Global Engineering debía hacer un estudio sobre los usos y la explotación del Puerto Olímpico de Barcelona. El segundo, valorado en 18.000 euros, fue firmado por la empresa Dnexo y consistía en hacer otro estudio sobre la adecuación de los hangares del puerto con motivo de una exposición. Preguntado por El Periódico de Catalunya, Müller ha manifestado que se trata de contratos normales y regulares.

El viernes próximo se nombrará un nuevo consejo de administración, que será el que acompañará a los letrados municipales, al interventor y a los servicios jurídicos del consistorio en su investigación de lo sucedido. Encabezada por el Ayuntamiento de Barcelona, BR incluye a otros accionistas públicos, como el puerto, el Área Metropolitana, el aeropuerto y la Zona Franca.