Las prótesis defectuosas obligan a volver a operar a 20 pacientes en Reus

Diversos médicos del hospital público Sant Joan recibieron "presiones" por parte de altos cargos municipales de CiU para que usaran prótesis ortopédicas defectuosas y caducadas. Según informa El País, el juez ha estipulado que estas prótesis fueron compradas a la empresa Traiber tras la presión que recibió el equipo médico.

Esta situación ha provocado una crisis sin precedentes en España que alcanzó su mayor notoriedad el pasado 28 de abril con la detención de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Teresa Gomis (CiU), y del propietario de Traiber, Lluís Márquez, ambos acusados de un delito contra la salud pública.

"Un riesgo grave para la salud de los pacientes"

Esta operación fue el punto culminante de la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en la que se exigía la retirada de todos los productos de la empresa por estar "fabricados sin licencia”"y no contar con "el certificado de conformidad CE", lo que significaba "un riesgo grave para la salud de los pacientes".

La alerta obliga a revisar 1.700 historiales clínicos, pasar consulta a 250 afectados y operar de nuevo al menos a 20 personas porque no se conoce si el material que les ha sido implantado cumple los mínimos requisitos de seguridad.

La companía de prótesis pasaba por un mal momento económico

El diario El País detalla que fueron trabajadores de Traiber los que denunciaron a la AEMPS el caso al considerar que "los responsables de la empresa habían cruzado todos los límites éticos y legales". La empresa de prótesis ortopédicas pasaba en aquel momento (año 2013) por momentos económicamente complicados, siendo incapaz de plantar cara a la competencia del sector. Según se observa en las cuentas del registro mercantil, su facturación fue descendiendo a un ritmo superior al 10% anual desde 2007.

Con la llegada del nuevo jefe de traumatología al hospital Sant Joan, Alfredo Rodríguez, los problemas de Traiber no se vieron reducidos, sino todo lo contrario. Al ver el estado de las prótesis, Rodríguez consideró que "se habían quedado anticuadas y no le inspiraban mucha confianza".

Los lazos entre la compañía y CiU, detonadores de la crisis sanitaria

No obstante, Traiber era una empresa local con una larga trayectoria en Reus. El dueño, Luis Márquez, era vocal de la Cámara de Comercio de Reus y de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC). Asimismo, el director financiero de Traiber, Eduard Correcher, es además concejal de Salud por CiU en el vecino municipio de Les Borges del Camp.

Según cuentan los exempleados en la investigación en marcha, la empresa fue entrando en una deriva peligrosa: "De fabricar productos con componentes punteros, los jefes pasaron a comprar a proveedores cada vez más baratos. Luego, dejaron de fabricar y empezaron a reutilizar muestras no destinadas a pacientes. Lo último fue vender piezas caducadas de hacía años con los precintos alterados".

La denuncia llegó a la AEMPS el pasado mes de octubre y fue derivada a la Inspección Sanitaria de la Generalidad, que en pocos días se percató de la gravedad de los hechos y lanzó la alerta sanitaria. Después puso "el caso en conocimiento de la Fiscalía", según responde la Agencia por correo electrónico. Las investigaciones abiertas acabaron en el juzgado de Reus y allí fue donde el destino de Traiber se cruzó con el de otra empresa con problemas judiciales: Innova, el grupo municipal de empresas de Reus.

La filial sanitaria de Innova, Sagessa, gestiona el hospital Sant Joan y otros 20 equipamientos sanitarios en la provincia de Tarragona, por lo que recibe cada año más de 150 millones de euros de la Generalidad. La empresa es también desde hace tres años el epicentro de uno de los mayores casos de corrupción investigados en Cataluña, con más de 50 concejales —entre ellos la misma Teresa Gomis—, empresarios y gestores sanitarios imputados.

La compañía consiguió todos los contratos a dedo

Los investigadores no tardaron en encontrar puntos en común entre ambos casos. A modo de ejemplo, Traiber había conseguido todos sus contratos con el Sant Joan a dedo desde hacía casi una década. Una costumbre bastante habitual en un hospital que incumplía la normativa de contratación pública en el 85% de sus compras.

Al juez de instrucción también ha puesto en el punto de mira la desaparición de 2,4 millones de euros en 2007, cuando el Sant Joan declaró a la Agencia Tributaria haber comprado material a Traiber por 2,9 millones mientras la empresa solo admitió ingresos por 518.000 euros.

El juez considera como "presiones" las maniobras hechas por Lluís Márquez y altos cargos municipales para conseguir que el hospital volviera a comprar a Traiber, y las califica de ser "especialmente graves" porque —a diferencia de otros centros sanitarios afectados por la alerta— los responsables del hospital de Reus ya conocían los problemas de las prótesis.

Marina Geli y Boi Ruiz ignoraron el problema

El actual consejero de Salud, Boi Ruiz, y su antecesora en el cargo, la socialista Marina Geli ignoraron el problema de salud pública del Hospital Sant Joan.

Ambos han declarado que no tenían constancia de las relaciones existentes entre la consejería de Salud y los problemas de corrupción del caso. Boi Ruiz afirmó que "no conocía" lo que ocurre en Innova, a pesar de que sus hospitales son los de referencia para más de 200.000 pacientes de la sanidad pública.