La Sindicatura de Cuentas ve "irregularidades recurrentes" en los consorcios sanitarios

Algunos de los consorcios y empresas públicas catalanes del ámbito de la sanidad cometen "irregularidades recurrentes", a ojos de la Sindicatura de Cuentas. Al menos, los seis que ha analizado en un informe presentado este jueves, y que fue encargado por el Parlamento autonómico, a raíz las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Corporación de Salud del Maresme y la Selva

El informe analiza la gestión de la citada corporación, además del Parc Taulí de Sabadell, el Consorcio Sanitario de Terrassa, el Sistema de Emergencias Médicas, el Instituto Catalán de Oncología y el Consorcio Sanitario Integral, en periodos que varían en cada caso, pero comprendidos entre los ejercicios 2008 y 2011.

Según la sindicatura, los consorcios analizados cometen hasta "20 tipos" de irregularidades diferentes y "recurrentes". En cuanto al presupuesto, algunas de las irregularidades consisten en no aprobar el anteproyecto o aprobarlo fuera de plazo, no rendir las cuentas o rendirlas fuera de plazo, o realizar "aportaciones periódicas no justificadas".

Se limita la concurrencia

Por lo que respecta a la contratación, la Sindicatura aprecia irregularidades en los pliegos de condiciones y en los criterios de valoración de los contratos, o adjudicaciones sin procedimiento de licitación o sin publicidad, de forma "injustificada", incurriendo en una "limitación de la concurrencia".

En cuanto al personal de alta dirección, se señala que se han practicado reducciones de sueldo del 5%, cuando según el decreto correspondiente de la Generalidad el porcentaje mínimo era del 8%; que se han realizado compensaciones "no procedentes" de esta reducción salarial, o que se han abonado indemnizaciones que no correspondían.

El informe de la Sindicatura de Cuentas llega en plena polémica por el proyecto de la Generalidad de impulsar un nuevo consorcio sanitario, en Lérida. Y justamente el día en que, tras constatar la oposición del Parlamento autonómico -por dos veces-, de sindicatos y de la sociedad civil, el Ejecutivo autonómico ha aceptado paralizar el proyecto.