El Ayuntamiento de Cabrils desacata una sentencia que le obliga a colgar la bandera española

El Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), está desobedeciendo una sentencia judicial que le obliga a hacer ondear -como marca la ley- la bandera española en la fachada del Consistorio, según revela este miércoles el diario El Mundo. En el consistorio, de hecho, tampoco se exhiben ahora ni las banderas oficiales de Cataluña, ni la del ayuntamiento, ni lsiquiera la de la UE, sino una solitaria 'estelada', de acuerdo con la fotografía que ilustra esta información.

Pese a que la sentencia data ya de finales del año pasado, el Consistorio no ha colocado aun la preceptiva bandera española, que, según la Ley de Banderas debe ondear obligatoriamente en el exterior de los edificios municipales, en un lugar "destacado, visible y de honor", y, en caso de exhibirse junto a otras banderas, en el "lugar preeminente y de máximo honor".

Esta desobediencia a los tribunales ha sido denunciada recientemente ante el propio Ayuntamiento por un concejal del grupo independiente local Veïns de Cabrils, el mismo que hace dos años denunció los hechos ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, que inició el proceso en los juzgados que culminó en la sentencia incumplida. La Guardia Civil levantó acta hace pocas semanas de la ausencia de la bandera española en la fachada del municipio, a instancias de la propia Delegación del Gobierno.

Cabrils, en el centro de la polémica

Se da el caso de que la pequeña población de Cabrils (7.197 habitantes, según Idescat) ya fue protagonista de una sonada polémica judicial con el secesionismo de fondo. En concreto, por su acuerdo del año pasado para ceder los datos del padrón municipal a la Generalidad, en un momento en que esta se planteaba utilizar estos registros como 'censo' de la consulta independentista que pretendía celebrar en noviembre.

La justicia suspendió en primer lugar esta decisión del Consistorio, tras la denuncia de un vecino, para luego precisar que sí podía ceder los datos, a excepción de los del denunciante, y para, finalmente, anular completamente el acuerdo.

Y aun hay más sobre Cabrils. Esta vez, sí ateniéndose a las leyes. Hace solo ocho días, el Gobierno autorizó al Ayuntamiento a realizar una consulta popular sobre el futuro de un aparcamiento. El Ejecutivo razonó que esta consulta sí se atenía a la ley -al contrario de la consulta secesionista del 9N prohibida por el Constitucional-, porque preguntaba por una cuestión de interés local y competencia municipal.