Precario acuerdo para no dejar morir la ley electoral catalana

El tantas veces anunciado proyecto de creación de una ley electoral catalana sigue vivo, pero con una salud muy precaria, que hace difícil que salga adelante en esta legislatura. La ponencia del Parlamento autonómico que debate esta iniciativa ha llegado al acuerdo para presentar un texto que el pleno admitirá a trámite en mayo. Un texto que es extremadamente inconcreto, hasta el punto de dejar en blanco el núcleo de la ley:el sistema electoral.

La ponencia, impulsada por CiU, ERC e ICV-EUiA, y también con el acuerdo -con muchas reticencias- de PSC, PP y C's, se llevará al pleno con estas partes esenciales en blanco con el objetivo de hacer posible que se debata antes de que acabe la legislatura. Que, si se confirma el adelanto electoral anunciado para septiembre, debería concluir en junio.

Las prisas se explican por el hecho de que la ley electoral autonómica es un tema recurrente en Cataluña, la única CCAA sin ley electoral propia, que se rige por la ley electoral general, de acuerdo con una disposición transitoria del derogado Estatuto de 1979 -que fue prorrogada por el Estatuto de 2006-, y que, en principio, debía regular únicamente las elecciones autonómicas de 1980.

La ponencia sí trata de otros asuntos menores. Propone crear una Sindicatura Electoral catalana, introducir medidas de ahorro -el envío en un único sobre de propaganda a los votantes-, y redefinir algunos de los requisitos y condiciones de los diputados, que no podrían ser senadores, aunque sí alcaldes. También se propone una rebaja de sueldo a los diputados que compatibilicen su cargo con otros empleos remunerados compatibles

También se propone que los candidatos residan en la circunscripción en la que se presentan, la eliminación de los interventores de los partidos el día de las elecciones -pero no de los apoderados-, y la modificación de las cuotas cronometradas que los informativos de las emisoras públicas de radio y televisión deben dedicar a cada partido en campaña electoral. Si ahora se establece un minutaje proporcional a los resultados de las elecciones anteriores, en adelante primaría el "interés informativo.

El peso del área metropolitana, la clave

El problema principal, no obstante, no son estos aspectos no centrales de la ley, sino el sistema electoral. Que es, de hecho, lo que ha hecho encallar anteriores propuestas. Para que el proyecto prospere se necesita una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico, es decir, de 90 diputados. Y los tres grupos impulsores, CiU, ERC e ICV-EUiA, suman solo 84. Tampoco bastaría con un eventual apoyo de los tres diputados de la CUP, por lo que sería necesario incluir en el consenso a PSC, PP, C's. Y estos tres partidos tienen unos intereses diametralmente opuestos a los de CiU y ERC.

Así, socialistas, populares y C's concentran sus mejores resultados en el área metropolitana de Barcelona, por lo cual -y salvo ajustes muy concretos, como el denominado 'sistema alemán'- se verían perjudicados a priori por una ley electoral que aumente el número de circunscripciones y dé más peso al territorio que a la proporcionalidad estricta. Por el contrario, CiU y ERC obtienen mejores resultados en áreas rurales y en ciudades medianas fuera del cinturón metropolitano, por lo que sí se verían beneficiadas.

El complejo 'sistema alemán'

Una posible -y compleja- solución -propuesta en ocasiones especialmente desde el PSC- sería el llamado sistema alemán, que presenta dos urnas y dos papeletas a los ciudadanos. Aplicado a cataluña, en una de ellas se eligiría probablemente a un único diputado por circunscripción, en circunscripciones basadas en las comarcas y las grandes ciudades. Para corregir la falta de proporción de este método puramente mayoritario, el resto de diputados se tendrían que elegir de una única circunscripción para toda Cataluña, por sistema proporcional.

Durante el último intento (fallido) de los partidos catalanes para elaborar una ley electoral, en 2009, el entonces presidente de la Generalitat y líder del PSC, José Montilla, ya se posicionó a favor de un sistema inspirado en el alemán. Esta propuesta tuvo una cierta aceptación en CiU, y no en ERC e ICV-EUiA. Finalmente no hubo ningún acuerdo y el debate sobre la ley electoral se detuvo durante toda la legislatura anterior.

Otro asunto sensible de la posible futura ley es el que hace referencia al carácter abierto o cerrado de las listas. Una cierta corriente entre la opinión pública presiona en los últimos años para abrir en mayor o menor grado las listas -que los votantes puedan elegir nombres concretos de cada candidatura-. Pero los partidos, aunque nominalmente se han mostrado en ocasiones a favor de esta propuesta, nunca han llegado a ponerse de acuerdo en la práctica.

Los intentos fallidos durante el tripartito

En la década pasada, durante el segundo tripartito, hubo un momento en que pareció que finalmente llegaría la ley electoral catalana, después de que la Cámara empezara a debatir sobre una propuesta concreta, redactada en forma de articulado de ley, y encargada en 2007 por la Generalidad -concretamente, por la consejería de Gobernación, entonces dirigida por Jordi Ausàs (ERC), ahora condenado por contrabando de tabaco- a una comisión de expertos.

No obstante, y a pesar del acuerdo teórico -y retórico- de todos los grupos para sacarla adelante, la ponencia murió sin acuerdo en 2010. Primero, por un desinterés obvio del PSC; después, cuando finalmente los socialistas se sumaron a la iniciativa, por el bloqueo de CiU, consciente de que la ley electoral debe aprobarse por mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico.

Ya este 2015, en febrero, el pleno del Parlamento autonómico aprobó continuar tramitando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una futura ley electoral catalana. También con mucho retraso: la ILP llegó al pleno cinco años después de haberse empezado a tramitar parlamentariamente en febrero de 2010, tras obtener 90.000 firmas de ciudadanos, superando con creces el mínimo exigido de 50.000.

Los trabajos sobre la ILP, de hecho, avanzaron a buen ritmo en su etapa inicial, y el 19 de abril de 2010 ya se publicaron las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto. Pero el siguiente paso, la votación de las enmiendas, no llegó hasta exactamente cuatro años y 10 meses después.