Agbar denuncia a la Generalidad ante la UE por incumplir las resoluciones judiciales sobre ATLL

Agbar denuncia a la Generalidad por "vulneración del derecho comunitario". La empresa acude a la Unión Europea para exigir que el Gobierno autonómico cumpla las diversas resoluciones judiciales que le dan la razón en el contencioso sobre la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la Generalidad otorgó a Acciona, en un concurso del que esta debería haber sido excluida, según han dictado los tribunales.

En un comunicado, Agbar ha informado de que ha presentado una denuncia en la Secretaría General de la Comisión Europea por "vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos por el incumplimiento sistemático de la Generalitat de las resoluciones judiciales que le obligan a excluir a Acciona de ATLL".

El escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de Agbar, concluye que "después de dos años en que la Generalidad de Catalunya sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las Directivas de recursos contractuales, SGAB ha decidido acudir a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE". Este artículo faculta a la Comisión para "emitir un dictamen motivado en caso de que un Estado miembro incumpla alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados", según recuerda la compañía.

En su denuncia, Agbar afirma que la Generalidad, como "poder adjudicador", ha vulnerado "el derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública: igualdad, transparencia y libre competencia".

La OARCC ya excluyó a Acciona

La denuncia relata que, a pesar de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC, dependiente de la propia Generalidad) resolvió que debía excluirse a Acciona de la oferta, esta empresa "sigue ejerciendo desde enero de 2013 como adjudicatario", aunque "carece de derecho a ello", algo que Agbar considera una "manifiesta y escandalosa burla del recurso contractual que, sin embargo, ha sido incorporado a la legislación española en virtud de lo establecido en la legislación de la UE".

"No es que se haya paralizado el procedimiento de contratación durante todo este tiempo, sino que el poder adjudicador ha formalizado el contrato con el licitador cuya oferta debió excluirse, pese a la nulidad del acuerdo de adjudicación declarada por el órgano competente en materia de recursos", razona la denuncia de Agbar.

La denuncia, finalmente, explica que la resolución de la OARCC "es ejecutiva y así lo han confirmado con carácter firme los tribunales españoles", mediante "seis autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tres sentencias firmes del Tribunal Supremo". "La Generalidad está quebrantando la garantía y el imperativo de la eficacia que se debe reconocer al recurso especial en materia de contratación que impone la Directiva 2007/66/CE cuya finalidad justamente es la de evitar los hechos consumados y el mantenimiento de situaciones ilegales o de hecho en la contratación pública de los poderes adjudicadores europeos", concluye Agbar en su denuncia.