CiU defiende a Artur Mas en el 'caso de las ITV' y no se moja con Oriol Pujol

CiU ha salido rápidamente al paso de las últimas informaciones publicadas sobre el caso de las ITV, según las cuales el presidente de la Generalitat y de la federación nacionalista, Artur Mas, se implicó en las operaciones de deslocalización en las que participó la presunta trama del caso, por intermediación del principal acusado, el ex número dos de CDC Oriol Pujol. CiU defiende la intervención de Mas, con el argumento de que hablar con empresarios para salvar empleos, lejos de ser una irregularidad, es su "obligación". Pero la formación no hace lo mismo con Oriol Pujol, a quien deja en manos de la justicia.

"Mas y el resto de miembros del Govern hablan cada día con empresarios, actores y emprendedores. Es una de nuestras tareas principales en momentos de crisis", ha declarado este lunes en rueda de prensa el secretario general adjunto de CiU y vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas, acompañado por el secretario general de UDC y de CiU y consejero de Interior, Ramon Espadaler.

La intervención de Corominas llega después de que se divulgara una parte del sumario del caso de las ITV referente a la participación de Pujol y el otro gran imputado, Sergi Alsina, en tres grandes operaciones de deslocalización, las de las multinacionales japonesas Sony, Yamaha y Sharp.

Pagar por contactos políticos

Según cree la fiscalía, la empresa de Alsina, Alta Partners, contratada para encontrar compradores a las plantas de las multinacionales japonesas en sus respectivos procesos de deslocalización, pagó por asesoramiento ficticio en estas operaciones a la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, cuando en realidad estaba pagando así las influencias políticas de Pujol.

Unas influencias que habrían llegado al propio Mas, a quien habría llevado a hablar con la familia Lao, propietaria de la multinacional del juego y las máquinas recreativas Cirsa, con sede y origen en Terrasa, para que se hicieran con la planta de pantallas de LCD de Sharp en Sant Cugat (Barcelona). La operación se cerró finalmente en 2011, y Cirsa absorbió un centenar de los 300 trabajadores de la fábrica, mientras cerca de otros 100 más eran recolocados en la propia Sharp y el centenar restante fue prejubilado o despedido con incentivos por la multinacional japonesa. 

Corominas ha añadido que negociar con empresarios para crear o salvar empresas y empleos es "normal" y una "obligación" de los gobiernos. Pero, a la vez que defendía de esta forma la corrección de la actuación de Mas en las deslocalizaciones, no ha hecho lo mismo con Oriol Pujol, Al revés, ha introducido la sombra de la duda, al puntualizar que, si bien estas negociaciones con empresas son necesarias, resulta muy diferente si alguien utiliza un puesto de responsabilidad para sus intereses privados, y que este punto "deben determinarlo los tribunales". "Respetamos el proceso judicial", ha añadido Corominas.

Mas también se lava las manos

El propio Mas se ha lavado también las manos sobre Pujol. En su intervención en un almuerzo informativo, ha dicho poder "dar fe y testimonio total" de que su ejecutivo actuó correctamente en cuanto a las deslocalizaciones de Sony, Yamaha y Sharp. "Otra cosa es si después esto se utiliza a nivel particular", ha añadido. Mas también ha dejado claro que él seguirá reuniéndose con los empresarios que sea necesario en casos similares.

Este lunes, en su declaración como testigo ante la juez, el presidente de Cirsa, Manuel Lao padre, ha negado haber hablado con Mas acerca de la operación, en contra de lo que Oriol Pujol aseguró a otros implicados en la trama, según grabaciones del sumario. Lao ha añadido que no conoce ni a Pujol ni a Alsina, que la operación de compra de la planta de Sharp la llevó su hijo Manuel Lao, y que no necesita intermediarios para concertar una cita con Mas.